El viejo patriarca

Observatorio Nacional Ciudadano

Por: Ana Velasco

En México tenemos una larga tradición de culpar a las víctimas. En la década de los noventa, cuando Ciudad Juárez adquirió notoriedad por los casos registrados de muertes violentas de mujeres por razones de género, las autoridades buscaron vías para señalar a las víctimas como responsables de su propia muerte.

Uno de los mensajes a los que recurrió el gobierno estatal fue que los asesinatos caían en los rangos normales de la ciudad. Esto se refería a la percepción generalizada en ese entonces de que las mujeres que estaban en la calle eran presumiblemente prostitutas esperando por clientes o tenían una doble vida. Es decir, eran mujeres que, por desafiar la norma social de permanecer en el ámbito privado (como si eso garantizara su seguridad) y dedicarse a una labor señalada como dañina para la sociedad, se convertían en parias y, por lo tanto, el Estado renunciaba tácitamente a su responsabilidad hacia ellas como ciudadanas.

En el caso de los homicidios, una justificación común que diferentes gobiernos en los tres niveles han utilizado es “se matan entre ellos”. Tanto especialistas como colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos han demostrado una y otra vez que esto es falso porque la distinción entre “ellos” y “nosotros” está muy lejos de ser clara. Sin embargo, la frase sigue vigente. Una explicación es que, por un lado, la gente se cree inmune por no “andar en malos pasos”, y por otro, da una oportunidad de deslinde a las autoridades.

Es además un análisis intrínsecamente masculinista y reduccionista de la violencia que la explica como el actuar de individuos racionales. Es decir, los criminales son hombres de negocios que protegen sus intereses comerciales, aunque sean ilícitos, y recurren a la violencia exclusivamente en ese contexto y cuando lo juzgan necesario. En un sexenio anterior, el gobierno incluso afirmó que el alto número de homicidios reflejaba el éxito de su estrategia: cuando terminaran de matarse entre ellos, habría paz.

En esa misma línea de análisis, se ha justificado en varias ocasiones la presencia de militares en las calles. Se trata de personal que actúa bajo parámetros estrictamente racionales y no van a disparar a un civil a menos de que se les dé una razón para hacerlo. El dicho reza: el que nada debe nada teme. Como ejemplos infames de este tipo de análisis están los casos de las matanzas de Tlatlaya e Iguala en 2014.

Al afirmar que las víctimas, sean las mujeres, los criminales, o aquellos civiles “que se lo buscaron”, son la fuente de la violencia, del desorden social, entonces su asesinato proporciona un medio para ponerle fin. En otras palabras, se afirma que mueren porque lo merecen.

La imposición de este tipo de orden tiene fuertes reminiscencias con lo que Achille Mbembe llama necropolítica. Presentada como un complemento crítico al término biopolítica de Michael Foucault, Mbembe explica que la política se ejerce como una forma de guerra en la que el soberano emerge a través de la determinación de quién muere o quién no muere y, por lo tanto, vive.

Por su parte, Melissa G. Wright argumenta que la política de la muerte que define Mbembe y la política de género van de la mano. El género, entendido como un sistema de significados o símbolos dicotómicos y supuestamente opuestos en el que la sociedad privilegia aquellos asociados con lo masculino sobre los asociados con lo femenino, sirve como un mecanismo de violencia fundamental para la explicación de Estados racionales y sujetos que son regulados según se comporten o no bajo los cánones que el soberano dicta.

Cabe preguntarse hasta qué punto este discurso de binarios que se empeña en privilegiar la supuesta racionalidad, y unicidad, del Estado ha cambiado en 2020. La frase “abrazos no balazos” parece plantear un giro al análisis que privilegia el uso de la fuerza, pero la presencia continua de personal castrense en el espacio público pone esto en entredicho. Más aún, el discurso oficial todavía está basado en nociones patriarcales de normalidad. Partidos políticos van y vienen, pero tras casi 30 años de los primeros casos en Ciudad Juárez aún se escucha el eco de esas nefastas acusaciones contra las víctimas.

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@_anavelasco

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