Por: Víctor Manuel Sánchez Valdés
En el mundo se ha iniciado el proceso de vacunación más grande de la historia para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, en la mayoría de los países el avance ha sido lento y la disponibilidad de dosis es escasa, por ello, ante una demanda creciente insatisfecha, organizaciones criminales están aprovechando la situación y, en varios países ha surgido un mercado negro de vacunas, la mayoría falsas, las cuales pueden poner en peligro la salud de las personas que las reciben.
De hecho, tal como señala Federico Varese en su libro Mafias on the Move, las organizaciones criminales son buscadoras naturales de rentas derivadas de demandas insatisfechas. Por ende, si existe un bien requerido y el mercado legal no puede satisfacer esa necesidad, pronto se genera un mercado negro alterno gestionado por el crimen organizado.
Desde octubre de 2020 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó a todos los países sobre el peligro de corrupción en el proceso de vacunación y la INTERPOL hizo lo propio en diciembre, respecto al riesgo de que las organizaciones criminales aprovecharan la escasa disponibilidad de vacunas para generar oportunidades de negocio, a costa del desconocimiento o la necesidad de la población.
En diferentes países como China, India, Nigeria, Sudáfrica, Colombia, Perú, Italia, Brasil, Ucrania, Filipinas, Camerún y República Democrática del Congo, se han identificado redes de distribución de vacunas falsas, o bien, de vacunas legítimas robadas de almacenes gubernamentales, que ahora son comercializadas de forma ilegal.
En México ya se identificaron los primeros casos de venta de vacunas falsas de COVID-19 y de robo de dosis. Si bien no se trata por el momento de un proceso a gran escala, el peligro de que el fenómeno crezca es importante, porque existen al menos cuatro factores de riesgo, que deben ser tomados en cuenta.
El primero es un avance lento en la vacunación, que hasta el momento sólo ha cubierto al personal de salud y a un porcentaje pequeño de las personas mayores de 60 años. Y si bien es previsible que la vacunación comience a acelerarse, lo cierto es que aún quedan varios meses de poca accesibilidad para personas jóvenes y adultos de mediana edad de ingresos medios y altos, que estarán buscando conseguir la vacuna y puedan caer en engaños.
El segundo es que nuestro país cuenta con una alta cantidad de organizaciones criminales con presencia regional fuerte, la mayoría de ellas con la capacidad logística para montar una red de distribución y venta de vacunas falsas, por lo que la posibilidad de que alguna incursione en el negocio es alta.
El tercer factor es que tenemos antecedentes graves de corrupción en el sector salud, de forma que no podemos descartar la posibilidad de robos en almacenes o en puntos de aplicación, para su posterior venta, sobre todo cuando el flujo de vacunas crezca.
Por último, el cuarto factor es que a pesar de que los particulares ya pueden importar y comercializar vacunas, ello no se ha dado en gran escala hasta el momento, pero cuando las empresas comiencen a tener acceso a las mismas y se vendan al público, para los consumidores puede resultar complicado discernir entre una vacuna legítima y una falsa, lo cual abre la puerta a la posibilidad de fraudes.
Ante ello, tanto las autoridades federales, como estatales, tienen un triple reto, primero seguir garantizando procesos ordenados y siguiendo protocolos estrictos en la vacunación, cuidando que no existan robos de vacunas; segundo, actuando de manera inmediata frente a cualquier intento de comercializar vacunas falsas o robadas, desarticulando las redes de distribución y tercero, alertando a la población mediante campañas de información de la existencia de vacunas falsas y los posibles riesgos a la salud.
Derivado de lo anterior, nuestro país debe poner atención a esta creciente oferta de vacunas falsas o robadas y requiere por tanto contar con estrategias de contención, identificación e información, que eviten que las personas sean engañadas y que las organizaciones criminales obtengan beneficios económicos gracias a la necesidad de las mismas.
Miembro del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Doctor en Políticas Públicas por el CIDE y especialista en seguridad pública.
@victorsanval
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