Es una ingenuidad creer que al quitarle recursos presupuestales al Poder Judicial de la Federación lo que se está haciendo es eliminar “privilegios”. Lo que en realidad va a pasar es que se afectarán a los cientos de miles o millones de personas que cada año acuden ante la justicia federal para reclamar un derecho o ver protegidos sus legítimos intereses.
Pero además, el recorte al presupuesto del Poder Judicial Federal se produce en un contexto histórico en el que se le han añadido por mandato constitucional y legal diversas atribuciones que se suman a la carga tradicional de trabajo que ha tenido desde hace tiempo.
Me refiero específicamente a las exigencias derivadas de tres elementos sustantivos del trabajo judicial: la reforma laboral (que diseña el nuevo modelo de impartición de justicia, plenamente judicializado, dejando atrás a las Juntas de Conciliación y Arbitraje), la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de justicia civil y familiar (derivado del Código Nacional en la materia, publicado apenas el 7 de junio de este año) y las exigencias que conlleva para la justicia electoral el proceso de elecciones que ya está en curso y que habrá de culminar con una jornada de votación en la que se elegirán a más de 20 mil cargos públicos.
Llevar a buen rumbo esos procesos con menos recursos no será sencillo, aunque tampoco es imposible. Habrá que hacer más con menos y pedirles a los servidores públicos judiciales que se empeñen a fondo para poder mantener el ritmo de trabajo y la calidad del mismo, pese a los recortes.
Con todo, creo que los términos vengativos y de reproche político en los que se ha producido el inminente recorte al gasto en la justicia federal nos está impidiendo advertir el verdadero debate de fondo, que tiene que ver con lo mucho que nos hace falta mejorar el rendimiento global del sistema de justicia, desde la tarea de los policías, pasando por el pésimo desempeño de las fiscalías y abordando el tema totalmente desatendido de los reclusorios. Voltear a ver el trabajo judicial es importante, pero si no nos fijamos en todo lo demás va a servir de muy poco.
Infortunadamente las tasas de impunidad no han disminuido en los años recientes. Las víctimas de la delincuencia ni siquiera se atreven a presentar una denuncia (90% de los delitos no son denunciados, según datos del Inegi). Las tareas de prevención delictiva son un clamoroso fracaso y en los reclusorios se prodiga de forma estructural la corrupción y el reclutamiento de nuevos integrantes de la criminalidad organizada. No existe una razón válida por la cual se piense que el problema que hay que arreglar es el de los jueces y sus supuestos “privilegios”, cuando todo lo demás está patas para arriba.
Por si lo anterior fuera poco, hay que tomar en cuenta que recortar de manera tan drástica el presupuesto del poder judicial va en contra de un buen número de normas jurídicas internacionales que garantizan su independencia y autonomía. No puede funcionar bien un poder judicial que está sujeto a venganzas políticas cada vez que tome decisiones que afecten al gobierno o que le resulten incómodas al partido mayoritario. Así no se hacen las cosas en un país que se sueña y se quiere democrático. Los jueces deben tomar sus decisiones de forma autónoma, sin estar preocupados en no molestar a nadie para que no les bajen su sueldo.
Ojalá la coyuntura actual nos permita reflexionar sobre el papel que juega una judicatura independiente en la defensa de nuestros derechos. Esos miles de personas, quizá millones, que año tras año acuden en busca de justicia ante los órganos federales deberían alzar su voz, dirigirse a su “representante popular” y exigirle que se cuide a los servidores públicos que tienen la encomienda precisamente de cuidar nuestros derechos.
Tener jueces bien pagados y que cuenten con lo necesario para hacer bien su trabajo es algo que nos interesa a todos. Incluso a quienes forman parte del gobierno, porque contar con un poder judicial que lleva a cabo su encomienda es también una herramienta de gobernabilidad y un elemento esencial de pacificación de un país. Que nadie lo olvide.
Abogado constitucionalista.
@MiguelCarbonell