Existe una visión compartida sobre la democracia. Esta sería una forma de organizarnos colectivamente en donde, a través de la deliberación y el diálogo, podemos llegar a soluciones justas. Esto pasa, como dice Nino, por convertir las “preferencias autointeresadas” en “preferencias imparciales” y, por tanto, moralmente aceptables para todos los participantes
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El problema es la distancia que media entre esta visión idealizada de la democracia y lo que vemos en la práctica política. Si asumimos como ciertas las premisas en las que descansa la idea de democracia arriba descrita, a saber: que el proceso democrático obedece a una tendencia venturosa hacia la producción de soluciones justas, entonces, ¿cómo podemos explicar las desigualdades oceánicas que vemos en nuestras sociedades? Si las decisiones resultantes del proceso democrático, en teoría, nos permitirían justificar el estado de cosas existentes como algo valioso, ¿cómo explicar la injusta distribución de los recursos que surge, precisamente, del proceso democrático?
Traigo esto a colación por los datos recientemente publicados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). En una palabra: somos una sociedad más injusta. Los datos más llamativos indican que los programas sociales sólo benefician a un 32% de la población en situación de pobreza, incomparable con el 95% que afirma AMLO, y los programas sociales han aumentado su cobertura entre los más ricos y disminuido entre los más pobres. En una nuez, el gobierno con mayor legitimidad democrática en la historia moderna de México ha hecho menos por las personas en condición de pobreza que sus antecesores.
Es evidente que algo no se está haciendo bien. El hilo conductor de la política pública es conocido. Cierto proyecto de país logra un consenso moral en época electoral, los ciudadanos apoyan y legitiman a quienes abanderan ese proyecto y les delegan la continuación de esa discusión que inició en la contienda. Los ganadores, en este caso hay que poner el acento en AMLO, deberían detallar ese consenso moral y aterrizarlo en la realidad del país a través de políticas públicas específicas. Así, el discurso no sería –como lo es hoy– mera nube pasajera, sino ancla y compromiso social. Vemos lo contrario. Los hechos traicionan a la retahíla de consignas morales y políticas que se repiten una y otra vez desde Palacio Nacional.
El régimen que pondría “primero a los pobres” los ha dejado a su suerte en la intemperie del mercado (el gasto privado en salud aumentó 40% entre 2018 y 2020). El Gobierno que beneficiaría más a los menos aventajados, ha beneficiado mayormente a la clase media alta. El personaje que pregona haber logrado más en estos tres años en materia social, es quien ha destinado menos presupuesto al gasto social.
Esto no se debe a un solo factor, sino a múltiples. Pero lo principal es que existe una falsa apreciación de cómo abordar los problemas nacionales. No es a través del voluntarismo presidencial como se resolverán los males que nos aquejan, sino que se precisa de arreglos institucionales que acicateen la acción colectiva. Lo que muestran los resultados publicados es que las reformas y las muchas destrucciones institucionales realizadas por este gobierno no van en la dirección correcta. La centralización de facultades y recursos en la Presidencia de la República, la desaparición de programas como PROSPERA y el Seguro Popular, la aniquilación de los fideicomisos y operación de los actuales programas sociales, han empeorado la situación social y económica de millones de mexicanos.
Si no se corrigen los arreglos institucionales para adecuarlos a las distintas circunstancias sociales del país y las verdaderas necesidades de la gente; se corre el riesgo no sólo de una una pauperización de las y los mexicanos, sino de socavar la legitimidad del propio proceso democrático. Así, como dice Nino, pasaremos de tener “constituciones de la libertad” a “constituciones de la pobreza”, injustas por definición. Y al no haber nada de digno en la pobreza, ni nada de justo en ese arreglo social, nada impediría justificar lo mismo una democracia que un gobierno autoritario. De ese tamaño es el riesgo.
1. Nino, Carlos Santiago. (1997) La Constitución de la democracia deliberativa. Gedisa, 202.
2. https://economia.nexos.com.mx/los-mitos-de-la-politica-social-de-la-4t/