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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado el control de algunos órganos autónomos –a los que no ha podido desaparecer– y pese a que los considera poco funcionales y caros, ha echado mano de ellos para cobrar viejas revanchas. Por lo menos eso es lo que se ve en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la investigación contra las dos principales cadenas de cine del país.
La semana pasada, la Cofece comenzó una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de la distribución y exhibición de películas en salas de cine, el sector que dominan en más del 90% dos empresarios considerados opositores al gobierno: Alejandro Ramírez y Germán Larrea.
La Comisión que preside desde el pasado marzo Andrea Marván Saltiel publicó en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 1 de junio, el aviso con el que se abre el expediente IO-007-2022 para analizar la posible comisión de conductas anticompetitivas en el mercado de exhibición cinematográfica, previstas en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica. De acuerdo con el aviso, los hechos se desprenden de “información pública” a la que tuvo acceso el organismo antimonopolios.
El tema tiene dedicatoria: Cinépolis y Cinemex, propiedad de Ramírez y Larrea, respectivamente, operan desde hace más de una década un virtual duopolio de la distribución y exhibición cinematográfica. De las 7 mil 471 salas de cine con las que cerró la industria el 2022, 4 mil 90 le pertenecen a Cinépolis, es decir el 55%; mientras que Cinemex opera un total de 2 mil 868 salas para mantenerse con un 38% del mercado.
El 7% restante lo ocupan diversas cadenas con presencia regional que acusan dificultades para negociar con las grandes casas productoras y distribuidoras el arribo de títulos cinematográficos a sus centros de exhibición. Entre las más representativas están la veracruzana CineBox, de Roberto Henry, con 77 salas cinematográficas; Cinemagic, de Israel López, con 50 salas; y Citicinemas, de Carlos Sosa, con 39 salas de exhibición.
En estos términos, los resultados de la investigación de la Cofece son previsibles. De seguirse al pie de la letra los estándares de competencia, deberá determinarse en unos meses una reconfiguración del mercado de exhibición cinematográfica en México, con los consecuentes beneficios para los usuarios, quienes según las estadísticas pagan las tarifas de entrada más altas de Latinoamérica, casi un dólar por arriba de los promedios en Colombia y también en niveles más elevados que los de Brasil.
Sin embargo, en el contexto político en que se dan las cosas, el tema parece ser también una lección para un empresario que se vincula con la “mafia del poder” de Claudio X. González, y para otro que se ha convertido en multimillonario gracias a las concesiones gubernamentales. No es coincidencia que el anuncio de la Cofece de Marván Saltiel —propuesta para el cargo por el Presidente— surja a unos días de las ríspidas negociaciones de AMLO con Grupo México y de diversos señalamientos hacia los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios por presuntamente financiar al bloque opositor.
Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis, es identificado en Palacio Nacional como detractor del gobierno y patrocinador de organizaciones que, según el Presidente, son sus adversarios.
Por su parte, Germán Larrea se encuentra en el peor momento de su relación con el Poder Ejecutivo. El acuerdo de ceder el control de los 120 kilómetros de vía “expropiados”, a cambio de incrementar el periodo de la concesión para Ferrosur, fue un buen pacto político, pero no en los términos jurídicos y económicos. Y ni qué decir de la reforma minera que afecta el principal negocio del magnate, cuyas concesiones lo catapultaron a lo más alto de las listas de multimillonarios del país, apenas debajo de Carlos Slim.
Posdata 1
Algo está sucediendo dentro de la Federación Ecuestre Mexicana (FEI), que preside Juan Manuel Cossio, que ha molestado a varios de sus integrantes, quienes denuncian tráfico de influencias e irregularidades en la elección de los representantes de México en competencias internacionales.
El caso más reciente tiene que ver con la elección del jinete Carlos Rodolfo Molina Gordillo para representar a México en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.
Molina Gordillo está suspendido por la propia Federación Ecuestre Mexicana desde el 8 de febrero de 2023 por “infracciones leves” relacionadas con un “maltrato al caballo”. El jinete reconoció la sanción ante el departamento jurídico de la FEI.
Sin embargo, asistió y participó en la primera selectiva para Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo cual va en contra del reglamento de la FEI, y es precisamente lo que ha sido denunciado por algunos de sus integrantes.
La pregunta que se hacen los otros equipos y los aficionados al deporte ecuestre es ¿cómo se seleccionó al equipo que representará a México en los juegos Centroamericanos 2023 y cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para su selección, pues presuntamente pasaron por alto el reglamento de la FEI?
Los más altos directivos de la FEI han estado al tanto de estas irregularidades. Hablamos de Juan Manuel Cossio, su presidente; Rafael David, quien forma parte de la representación de México ante la Federación Ecuestre Internacional, y el jefe de equipo, Mark David Laskin.
Posdata 2
El Nacional Monte de Piedad estaba al borde de una profunda crisis financiera, pero todo cambió cuando el sindicato presentó las declaraciones fiscales donde se evidencia que la institución en realidad tiene finanzas sanas.
La institución reportó al SAT ingresos anuales por 9 mil 270 millones de pesos y gastos por 7 mil 290 millones de pesos el año pasado, teniendo una ganancia neta de 1 mil 980 millones de pesos. No obstante, bajo el argumento de su mala situación financiera, el Nacional Monte de Piedad, que dirige Javier de la Calle, ha recortado a 300 trabajadores sindicalizados, muchos de ellos vigilantes nocturnos con ingresos de 335 pesos al día y a varios los han obligado a firmar su renuncia sin poder recibir una liquidación y prestaciones conforme a la ley, según las denuncias.
También despidieron a 20 secretarios generales de las 52 secciones que conforman el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad como represalia por haber legitimado su Contrato Colectivo de Trabajo con votación del 90% de sus agremiados. Para asegurar que están en crisis financiera han presentado peritajes de quiebras técnicas del Monte de Piedad, aunque estos documentos serían contradictorios con sus declaraciones ante el SAT, debido a que cuenta con activos por 33 mil 796 millones de pesos y pasivos por 7 mil 443 millones de pesos.
También han cerrado 18 sucursales en diferentes estados del país, a los empleados de confianza los han reubicado y a los sindicalizados despedido. El Contrato Colectivo de Trabajo les absorbe el 11% de sus gastos de operación, pero el Monte de Piedad ha informado que les cuestan el 66% de sus gastos de operación.
La realidad es que existe una pelea entre el sindicato de Arturo Zayún González y la administración de Javier de la Calle, presumiblemente porque este último desea cerrar la la Institución de Asistencia Privada para darle paso a la Financiera Monte de Piedad, que es una sofipo que adquirieron en 2017 llamada La Paz. Con ello dejarían de ser una institución sin fines de lucro para sí poder lucrar… y les estorba el sindicato.
@MarioMal
