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El muro de contención que diseñaron Enrique Peña Nieto y su “hombre fuerte”, Luis Videgaray, para evitar ser enjuiciados tras su salida del gobierno se mantiene intacto en varios frentes a 15 meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Esta es la razón por la que a pesar de las decenas de irregularidades financieras detectadas durante la pasada administración, estas no han llegado a judicializarse o materializarse en sanciones contra los funcionarios del catalogado “sexenio con mayor corrupción de la historia”.
En específico, el “gran trabajo” que realizó el polémico Virgilio Andrade Martínez en la Secretaría de la Función Pública para exonerar al expresidente en el escándalo de “La Casa Blanca” y al extitular de la Secretaría de Hacienda por “La Casa de Malinalco”, podría estarse replicando actualmente en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde despacha Víctor Manuel Andrade Martínez —hermano de Virgilio— como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Las sospechas corren desde hace algunas semanas en la Cámara de Diputados, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer el 18 de febrero que, de mil denuncias presentadas en los últimos 20 años por la ASF ante la Fiscalía General de la República –antes PGR–, tan sólo cinco casos han derivado en sanción. Ninguno de ellos, por cierto, contra personajes inmersos en la función pública.
La instancia encargada de estructurar, presentar y dar seguimiento a las denuncias provenientes de la Auditoría hasta la última instancia judicial es la de Víctor Andrade, quien mantiene su posición desde inicios del sexenio anterior y será el encargado de judicializar las múltiples irregularidades que David Colmenares presentó recientemente ante el Congreso.
En resumen, y de acuerdo con lo que Colmenares dio a conocer el pasado jueves 20 de febrero sobre la Cuenta Pública tan sólo de 2018, Andrade Martínez deberá buscar sanciones principalmente para funcionarios peñistas que pasaron por la SCT de Gerardo Ruiz Esparza; la Sagarpa de José Calzada Rovirosa y Baltazar Hinojosa; Pemex de Emilio Lozoya, y la Segob de Alfonso Navarrete.
Pero los números y la experiencia dicen que las esperadas sanciones nunca serán una realidad, por lo menos no como resultado de las gestiones de la Auditoría. Este se debe al antecedente familiar que pesa sobre el encargado de Asuntos Jurídicos, cuya actuación en las denuncias presentadas contra “La Estafa Maestra” también dejaron mucho que desear.
En las postrimerías del régimen priísta, la entonces directora General de Asuntos Forenses de la ASF, Muna Dora Buchahin, denunció las intenciones de Víctor Andrade para dar carpetazo a las investigaciones contra Rosario Robles y Emilio Zebadúa, este último, alfil de Robles, quien disfruta su libertad mientras su exjefa sigue recluida en la cárcel. Zebadúa luego mandó orquestar una campaña negra contra Buchain a través de diversos medios digitales controlados por Epigmenio Ibarra, el cerebro detrás de los bots de la 4T. Sobre esa historia vamos a profundizar luego.
Los hermanos Andrade se adueñaron así de las dos principales instancias encargadas de auditar la gestión de Peña Nieto: Virgilio como una designación presidencial para revivir en 2015 a una acéfala y casi desaparecida SFP, y Víctor Manuel incrustado en una posición clave dentro de un órgano cuyo titular es designado directamente por el Congreso.
Virgilio cumplió con su encargo —exonerar a Peña y a Videgaray por su relación con el constructor Grupo Higa— y partió casi de inmediato a refugiarse en el Bansefi, hoy Banco del Bienestar.
Por su parte, Víctor Manuel mantiene su bastión, con un récord de casi 800 denuncias presentadas desde 2012 a la fecha; mismas que, también como un récord perfecto, no han sido útiles para colocar a ni un solo funcionario en prisión.
Sedatu se queda sucursales
Hablando del Banco del Bienestar, el pasado 25 de febrero se llevó a cabo una reunión propuesta por el titular de la Sedatu, Román Meyer, con el director de Bansefi, Rabindranath Salazar, y algunos delegados estatales.
Se abordó el tema de las sucursales bancarias que anunció Andrés Manuel López Obrador para dispersar los apoyos sociales. Ya no serán 13 mil sino 2 mil 400 unidades y también se ofrecerán créditos a las comunidades donde no llega la banca comercial.
La noticia es que el proyecto se lo quedará la Sedatu, no el Bansefi, y tendrá una inversión de unos 2 mil millones de pesos.
En la reunión también estuvieron los representantes de Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. Todos coordinados porque hay prisa de sacarlas entre este año y el siguiente, a más tardar.
El olvidado del equipo de Mancera
En las pesquisas que se siguen a prácticamente todos los altos mandos del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, alguien que había pasado de noche es el socio y excolaborador del actual senador federal del PRD: el extitular de la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX, Jaime Slomianski Aguilar, quien se pasea por los mejores restaurantes con su apoderado legal, Antonio Chávez Fares.
Según las investigaciones, se tienen identificadas más de 50 propiedades en la CDMX relacionadas con Slomianski, entre ellas una bodega en Aragón, que compró en 2018 con lo que obtuvo de la licitación de la empresa B24, la cual le genera un ingreso mensual de alrededor de 650 mil pesos.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com
