Pasadas las elecciones, ahora toca a Delfina Gómez y Manolo Jiménez, ganadores indiscutibles del Estado de México y Coahuila respectivamente, sentarse a definir los que serán sus programas de gobierno. Seis años parecen muchos, pero insuficientes si no son capaces de tomar buenas decisiones desde un principio, tanto sobre el equipo que los acompañará como las políticas púbicas que emprenderán para mejorar la vida de la gente y demostrar que el electorado no se equivocó al elegirlos.
Delfina Gómez enfrenta un estado con problemas graves de pobreza, de acceso a la salud, de agua, de transporte público y principalmente de inseguridad.
El estado lleva años ocupando los deshonrosos primeros lugares en prevalencia delictiva. Según los datos oficiales de 2017 a 2022 se incrementaron los desaparecidos, los homicidios dolosos, los feminicidios, las víctimas de delitos contra la libertad, en donde se incluyen los secuestros. También se registró un aumento en víctimas de delitos contra la sociedad, donde se incluye la trata de personas; los delitos contra el patrimonio, donde incluyen las extorsiones; los registros de narcomenudeo; y los de violencia familiar. Las víctimas incluidas en estos registros solo son la punta del iceberg, debido a que los delitos denunciados son menores al 0.7%.
Los 16 millones de mexiquenses saben que vivir o transitar por su estado es un riesgo. Para lograr la pacificación, Delfina debe tener claridad, firmeza y un correcto uso de los recursos económicos. La diversidad de su población, la complejidad de sus 125 municipios y sus límites con entidades como la Ciudad de México, Hidalgo y Michoacán, hace que la política de seguridad que implemente deba ser diferenciada (las violencias no se generan por las mismas razones. Debe, además, tener una estricta y transparente forma de medir resultados.
La maestra deberá atender la delincuencia común a través de planes de prevención situacional y comunitaria del delito. Dentro de la complejidad de su composición municipal, se encuentran dos núcleos de desarrollo económico y de densidad poblacional alta: uno de ellos es la zona conocida como Valle de México y la otra, la del Valle de Toluca. Estos núcleos se caracterizan por la prevalencia de delitos contra el patrimonio, como el robo con violencia y la extorsión, además de la concentración del narcomenudeo, la violencia familia, la trata de personas y los secuestros. También sus pobladores padecen una alta incidencia de homicidios dolosos con arma de fuego y feminicidios.
Por otro lado, están los municipios con menor densidad poblacional, como los municipios semiurbanos y rurales de la zona alta y la zona denominada Volcanes o la zona sur, colindante al estado de Michoacán. En esos, se registra una mayor incidencia de delitos de alto impacto asociados a la operación de grupos de la delincuencia organizada. decirla futura gobernadora deberá prever (y actuar con firmeza) la posibilidad de un reacomodo de los grupos delictivos ante la alternancia política en la entidad, como ha ocurrido en otros estados como Zacatecas, Campeche, Puebla, Guerrero, entre otros.
Respecto a su Policía, la entidad cuenta con 16,338 elementos estatales y 25,386 municipales, lo que se aproxima al promedio citado por la ONU de 2.8 por cada 1000 habitantes. Sin embargo, hay una alta desconfianza en ambas policías, salvo en el municipio de Nezahualcóyotl, consecuencia de una política pública exitosa que ha trascendido los trienios. El desafío está en mejorar la calidad de los policías. Es urgente aumentar los salarios, la capacitación, las prestaciones y las evaluaciones. Los y las policías deben tener la certeza que proteger a los mexiquenses les otorga a ellos y sus familias un mejor futuro. De igual manera deben existir canales que faciliten la denuncia, sin importar que suban las cifras delictivas, lo importante es que baje la cifra negra. También resulta fundamental que se cambie la ley y les permitan a los policías iniciar una investigación sin pasar por el embudo del ministerio público (MP).
La impunidad en el EdoMex es aterradora y está relacionada con la corrupción, pero también con falta de personal en procuración de justicia. Según el índice Global de Impunidad de la COMECSO en 2022 el promedio nacional de agencias del MP por cada 100 mil habitantes, era de 2.24, mientras que el EdoMex cuenta solo con 0.4 agencias. Según la medición de este estudio, el Estado de México tiene el grado de impunidad más alto del país, con una calificación de 74.5, mientas que la media nacional es de 60. Es impostergable invertir en justicia. Urgen muchos más MP, peritos y defensores, mejor capacitados y pagados. Cuando los delitos quedan impunes, la invitación clara es a seguir delinquiendo.
La próxima gobernadora tiene una gran oportunidad de mejorar la vida de la gente. Ganar el EdoMex fue un gran triunfo para Morena, pero este estado es tigre salvaje e impredecible ¿podrán domarlo?
En un futuro artículo hablaré sobre los retos que enfrentará el gobierno de Coahuila.