El INE a sus pies

Hay algo todavía más preocupante que los escándalos de corrupción que han sacudido al Instituto Nacional Electoral: las consecuencias de su descrédito en vísperas de una elección.

Primero fueron los contratos millonarios y los presuntos conflictos de interés. Después, las fotografías de Guadalupe Taddei con un proveedor del instituto, los viajes de sus hijos, la suite de lujo en París y los videos sobre supuestos repartos de ganancias. Vinieron las investigaciones, la renuncia de la consejera presidenta, la salida de funcionarios, el congelamiento de cuentas y una denuncia del propio INE ante la Fiscalía General de la República.

Cada capítulo parece más escandaloso que el anterior. Y cada revelación profundiza la crisis de credibilidad de la institución que deberá organizar las elecciones de 2027.

Los señalamientos son graves y deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. Pero hay otra pregunta: ¿cómo llegamos a semejante avalancha de filtraciones y quién se beneficia de sus consecuencias?

El periodismo ha sido fundamental para exhibir presuntas irregularidades. Sería injusto restarle mérito. Pero también ingenuo descartar que la filtración de información comprometedora no se utilice para librar disputas de poder.

México ya conoce a la perfección el costo de desacreditar a sus instituciones.

El Poder Judicial fue sometido a una campaña de desprestigio que culminó en su captura tras una reforma impulsada por el oficialismo. Los organismos autónomos enfrentaron una ofensiva similar: primero fueron cuestionados por sus costos y resultados; después, varios terminaron desapareciendo y sus atribuciones fueron transferidas al gobierno.

El resultado fue siempre el mismo. Instituciones debilitadas, contrapesos eliminados y facultades concentradas en el Ejecutivo. Todo al servicio de un mismo proyecto político: concentrar el poder.

Ahora le toca al árbitro electoral.

El detonante fue el escándalo de Taddei, pero el desenlace revela algo más profundo. Mientras la oposición denuncia la colonización del árbitro y presuntos actos de corrupción de figuras cercanas a Morena, el oficialismo parece haber encontrado la oportunidad perfecta para emprender una cacería de brujas y purgar al instituto de cualquier vestigio de autonomía.

El momento difícilmente podría ser más delicado. En pleno proceso electoral, millones de mexicanos tendrán que confiar en que sus votos serán contados con imparcialidad.

Pero una institución desacreditada enfrenta un peligro doble: que cualquier denuncia de una irregularidad real quede atrapada entre los cuestionamientos que el propio oficialismo pueda hacer para poner en duda resultados adversos, como ya ha ocurrido en elecciones recientes en las que ganó la oposición.

Lo peor es que nada indica que los vicios de un INE debilitado y colonizado por Morena vayan a corregirse. Los superpoderes otorgados a su presidencia siguen intactos, al igual que las condiciones que permitieron los abusos y las irregularidades que hoy se denuncian.

Esta crisis tendría que obligar al poder a sacar las manos del arbitraje electoral. En cambio, todo apunta a que la aprovechará para meterlas todavía más. En lugar de recuperar la independencia del instituto, el riesgo es profundizar su subordinación.

El peor de los dos mundos: un árbitro desacreditado ante los ciudadanos y cada vez más vulnerable a las presiones del poder.

Porque cuando tanto el oficialismo como la oposición encuentran motivos para desconocer al árbitro, dejamos de hablar de una crisis de credibilidad del INE para enfrentar el riesgo de una crisis constitucional que ponga en entredicho la legitimidad misma de nuestras elecciones. O lo poco que quedaba de ella.

Y, en cualquiera de los escenarios, con el INE a los pies de un régimen dispuesto a todo, quienes terminamos perdiendo somos los mexicanos.