Las estadísticas de incidencia delictiva en el país deberían ser estudiadas con más detalle. Cuando se ve el comportamiento de la incidencia delictiva general, y en particular de los homicidios, es perceptible que hay una tendencia de fondo y algunas variaciones mensuales. Las explicaciones de políticos, académicos y periodistas tienden a fijarse más en una u otra. No son incompatibles, pero son dos graduaciones diferentes para analizar el fenómeno. Me explico.
Si vemos con detalle la incidencia delictiva mensual que da a conocer la Secretaría de Seguridad, constatamos que, desde 2015, el número se mueve entre los 7,000 y los 10,000 actos delictivos. En el inicio de la serie teníamos 7,714 y 7 años más tarde el número asciende a 7,254, con lo cual podemos extraer varias conclusiones. La primera es que por más esfuerzos que haga el gobierno, el piso de 7,000 no ha logrado ser perforado, salvo en un número limitado de ocasiones, particularmente durante los meses de reclusión por la pandemia. Pero, con la reapertura, regresamos a los mismos niveles con los que arranca la serie. Por supuesto que hay meses peores y mejores, pero igual que los economistas distinguen entre la inflación subyacente (o estructural) y la inflación que depende de algún acontecimiento particular, como una sequía o un conflicto, me parece que entender mejor el fenómeno pasa por reconocer que requeriría de un tratamiento más profundo y no explicarlo con las variaciones mensuales. No digo nada nuevo al reconocer que el fenómeno delincuencial en México es estructural y, por tanto, ligado a la forma en que muchas comunidades viven. Por eso su atención requiere algo más que despliegues operativos, como los que hemos visto recientemente en Zacatecas y otras entidades o el ataque al huachicol al inicio de esta administración. Una vez que el Estado deja de concentrar su atención en una región o en un sector, el elemento estructural vuelve a aflorar y, como acreditaba EL UNIVERSAL, el fenómeno del huachicol regresa en el momento en el cual el énfasis gubernamental se reduce. Dicho de otra manera, no hemos tenido éxito en amputar el tejido cancerígeno de la sociedad y lo que hacemos es contener coyunturalmente algunas expresiones particularmente dañinas.
Si revisamos el índice de homicidios y lo ubicamos en la misma serie temporal, tenemos exactamente el mismo fenómeno, con acentos más preocupantes. Porque a diferencia de la incidencia delictiva que tiene el mismo número en los puntos inicial y final de la serie, en este caso tenemos un arranque de 1354 homicidios mensuales en enero del 2015 contra 2657 en la medición correspondiente a marzo del 2022. El homicidio doloso, en 8 años, se ha duplicado en el país en números redondos y siguiendo la misma lógica del indicador subyacente tenemos un lapso de cuatro años en el que los homicidios se mueven entre 3074 y 2657. Es decir, el piso está en medio de estas dos cifras, pongamos 2700, y aunque ha habido variaciones mensuales apreciables como los dos primeros meses de 2022, la cifra vuelve a sus niveles habituales y nos obliga a reconocer la profundidad del fenómeno y la clara insuficiencia de los planteamientos gubernamentales para enfrentarlo. Para todo efecto práctico la administración actual no ha tenido ningún efecto en la reducción de los homicidios, su número se ha calcificado en la discusión nacional hasta formar parte del paisaje, lo cual debería ser motivo de una profunda reflexión colectiva que, a mi juicio, va mucho más allá del pleito partidista. El indicador estructural de la violencia en México es muy elevado y merecería una atención mucho más seria y precisa que la que hasta ahora ha tenido.
@leonardocurzio