La historia del México independiente refiere a una serie de conflictos, que en muchos casos iniciaron de manera local y devinieron grandes cambios que perduran hasta hoy. Si bien es cierto que el artículo 40 de la Constitución Política refiere a una “República representativa, democrática, laica y federal”, el debate teórico y fáctico entre centralismo y federalismo después de más de 200 años no se ha agotado: por el contrario, se intensifica y evoluciona.
En las líneas siguientes queremos referirnos al federalismo hacendario, que podríamos definir como la forma en que se acuerda el marco de competencial fiscal entre los tres órdenes de gobierno, que derivó en el denominado Pacto Federal Fiscal.
Al menos desde la segunda mitad del siglo XX, en México cada sexenio se plantean esquemas de gobierno y coordinación diferentes. Algunos, quizás los menos, con un enfoque que promueve una mayor capacidad de los gobiernos locales hacia sus necesidades; y otros, los más, buscan centralizar el poder y las decisiones, aunque con métodos y aproximaciones diferentes.
Este contexto viene a cuenta porque cuando los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, todos de oposición, proponen abandonar el pacto federal, se refieren a lo fiscal, no a abandonar a la federación, y es importante destacar que no es la primera vez en la historia moderna que se pone de manifiesto la molestia de las entidades federativas con esta manera de operar.
Parte de lo que sucedió es que entre enero y agosto de 2020, en promedio todas las entidades federativas recibieron 9.8% menos participaciones federales respecto al año pasado, dejando con menos margen de maniobra la operación de los gobiernos. En el caso de las aportaciones, se mantuvieron con pocos cambios. A esto se agregaron los señalamientos de dilación en las ministraciones y la negativa al diálogo.
¿Puede abandonarse el pacto fiscal? Sí. La Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas tienen la libertad de adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; sin embargo, al dejar de formar parte, el flujo de participaciones, aportaciones y otros fondos dejarían de llegar, lo que las obligaría, en el marco de su competencia fiscal, a sustituir sus ingresos.
El federalismo fiscal se fundamenta en México en la Ley de Coordinación Fiscal, que sienta las bases de coordinación en los tres órdenes de gobierno, definiendo por un lado qué tributación corresponde a cada orden, evitando duplicaciones y complicaciones al contribuyente y, por otro lado, cómo se distribuyen dichos ingresos.
Éste ha sido el meollo del asunto. Desde hace varias décadas, las entidades que tienen mayor recaudación no necesariamente son las que mayores recursos reciben o al menos no en las proporciones en las que contribuyen. Si bien en el caso de las participaciones, aportaciones, subsidios y programas, las reglas de juego están claras, los convenios específicos no obedecen a una fórmula, son resultado del cabildeo y su motivación puede ser técnica e incluso política. En un contexto electoral, de gobernadores de oposición con fuertes presiones por la crisis económica, ha vuelto a ser un caldo de cultivo para replantear este viejo debate.
Los retos no son menores; es cierto que la preferencia de esta administración por concentrar los recursos y tomar la decisión del destino del gasto público está fundamentada en la corrupción y en la ineficiencia en el manejo de los fondos. Incluso, desde el inicio de su gestión, recordemos que bajo estos argumentos se redireccionó el sector salud a través del Insabi y la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Pero hoy más que nunca, México requiere un consenso político: el encono, la división e incluso la insubordinación transmiten un mensaje poco prudente, de incertidumbre y de falta de seriedad.
Lo cierto es que se abre la posibilidad de replantear el modelo de federalismo hacendario, de democratizar los procesos y ofrecer a las entidades federativas y municipios una menor dependencia de transferencias intergubernamentales, promover sus vocaciones productivas y darles la capacidad de reacción ante la coyuntura y una recuperación que no deja de mostrarse lenta y larga.
Consideramos que, ante una innegable dificultad de operar, más allá de la centralización, la respuesta debiera estar en el fortalecimiento institucional, en acciones contundentes para mejorar el Estado de derecho, la transparencia, la modernización y la agilidad operativa.