La pandemia de Covid-19 y las crisis sanitarias, humanitarias y económicas asociadas a ella, han dejado expuesta la fragilidad de prácticamente todos los gobiernos del mundo. Las finanzas públicas en todas las latitudes han sufrido presiones principalmente por la necesidad de gasto en salud pública, por el estímulo a la reactivación económica y el apoyo a grupos vulnerables.
México no es la excepción. Si bien es cierto, en el discurso de la presente administración la contratación de nueva deuda está proscrita, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que, de diciembre de 2018 a abril de 2020, el saldo de la deuda pública neta pasó de 10.8 a 12.3 billones de pesos, esto es un incremento de 14% o bien 1.5 billones de pesos más.
Es claro, la coyuntura ha demandado recursos adicionales. De hecho, según el primer informe trimestral de 2020 de la SHCP, ante esta situación la hacienda pública tiene dos retos: 1) satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades de financiamiento del gobierno federal principalmente para atender las necesidades de infraestructura, salud y de apoyo a la economía, y 2) seguir manteniendo una estructura sólida de la deuda pública.
En las siguientes líneas ofrecemos algunos datos que consideramos de relevancia. Del total de la deuda, 59% es interna (7.2 billones de pesos) y el resto externa (5.1 billones de pesos o 208.9 mil millones de dólares a un tipo de cambio de 24.38 estimado con datos de SHCP). Básicamente son tres los elementos que identificamos como causas del aumento de la deuda: 1) la emisión de documentos en el mercado interno, 2) la colocación en los mercados internacionales, y 3) el tipo de cambio.
Hacia diciembre de 2018, es decir al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda pública representaba 46% del PIB; sin embargo, estimamos que ante una caída de 8% en el PIB en 2019 y suponiendo que no haya una mayor depreciación del peso y tampoco nuevas colocaciones en los mercados interno y externo, la deuda pública podría llegar a representar al menos 54% del PIB al cierre de 2020, es decir un incremento de ocho puntos porcentuales en poco más de un año.
Advertimos que la contratación de deuda no es necesariamente mala, siempre y cuando los recursos se destinen a proyectos productivos, a la reactivación de las empresas, a la preservación del empleo y a generar un ambiente próspero para la inversión y los negocios. No obstante, no parece ser el caso.
¿Qué podemos esperar? Es muy posible que la deuda pública siga creciendo y, con ello, el pago por el servicio que se realiza periódicamente. Si bien es cierto, hemos observado una disminución de la tasa de interés, lo que podría disminuir el costo financiero de la deuda interna, también lo es que enfrentamos la posibilidad de una nueva baja en la calificación crediticia del bono soberano, lo que estimamos implicaría un efecto neto negativo.
Lo anterior obstruirá la recuperación económica y afectará a las finanzas públicas, que están cada vez más presionadas. Tan solo en abril observamos una caída de 73% en los ingresos petroleros respecto al mismo mes en 2019 y una disminución de 15.3% en los ingresos tributarios, lo que nos llevará a mayores recortes presupuestarios, a una disminución de la inversión pública, al aumento del desempleo y quizás a la necesidad de una mayor contratación de deuda.
Es importante que las organizaciones estén conscientes de la debilidad de las finanzas públicas, porque podría derivar en una cada vez más férrea recaudación tributaria y un ambiente de negocios complejo por lo que, en la medida de lo posible, deberán estar preparadas.
*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
