El azar y los excesos. El azar, más los excesos del Presidente, contribuyeron a dejar atrás, en unas semanas, el paisaje de una oposición sin capacidad de desafiar el poder autocrático en las elecciones de 2024. Esos dos factores le abrieron paso a un prospecto de candidatura presidencial en condiciones competitivas y con probabilidades de triunfo. ¿El problema? Un desgastante, ilegal, mezquino hostigamiento contra Xóchitl Gálvez, a cargo del Presidente de la República y sus secuaces. El mismo azar y similares excesos del Ejecutivo llevaron hace meses al tránsito inesperado de un pleno de ministros de la Corte bajo control de un ministro presidente bajo la influencia de Palacio Nacional, a un pleno de ministros independientes (con la salvedad de dos o tres, de once) tras haber elegido una presidenta con capacidad, voluntad y temple para defender la independencia judicial. ¿El problema? Un acoso feroz, arbitrario, también del Presidente de la República y sus secuaces, contra la ministra Norma Piña, cabeza de ese poder autónomo. El lance del Presidente contra una ciudadana en ejercicio de sus derechos políticos viola una serie de normas vitales para la convivencia civilizada. Mientras el lance contra la presidenta de la Corte indujo a secuaces del Presidente a agredir de diversas formas a la exponente de mayor jerarquía de un Poder de la República, así como a sus colegas, en los linderos de una crisis constitucional. En ambos casos parecería estar en juego el sistema constitucional de libertades.
A prueba, comunicación y elecciones democráticas. En su guerra de exterminio reputacional contra Xóchitl Gálvez, el Presidente se conduce como si su aberrante legislación electoral (conocida como ‘Plan B’) no hubiera sido invalidada por la Corte. López Obrador actúa como si estuvieran vigentes las reformas de su paquete de legislación secundaria dirigido a eliminar el modelo constitucional de comunicación y el sistema democrático electoral, hoy puestos nuevamente a prueba por la conducta transgresora del Presidente. Las reformas invalidadas en la vía jurisdiccional son aplicadas por el Presidente en la vía de los hechos. Y trazan un entramado —antes legislativo, ahora, fáctico— para sostener el dominio de una dictadura de la propaganda oficial. ¿La fórmula?: el descrédito sistemático —hasta su eliminación o su irrelevancia— de opositores y críticos, de actores institucionales resistentes al autócrata, y de medios, informadores y comentaristas independientes. El proyecto legislativo fallido, como el comportamiento fáctico del Presidente, propugnan dejar la vía libre a una prédica presidencial violatoria de las restricciones constitucionales establecidas para garantizar derechos humanos y ciudadanos, así como la equidad en los procesos electorales, hoy por hoy, en la mira de AMLO.
Los retos de Xóchitl. Con independencia de la suerte de Xóchitl en los procesos internos de la oposición y, en su caso, en la elección constitucional de dentro de unos meses, su irrupción en la escena preelectoral ya provocó otro exceso del Presidente que, como los otros, podría salirle caro. Y es que la agredida cotidiana desde Palacio no sólo representa un desafío serio a la continuidad transexenal del proyecto de López Obrador. Y no sólo constituye un reto a la narrativa del Presidente (de allí su encarnizada guerra de desintegración de la imagen de la senadora). Además, su estrategia de combinación de logros legales y mensajes públicos frente a la difamación presidencial podrían erigirse en el mayor reto a la pretensión de suplantar el modelo constitucional de comunicación con un modelo de propaganda dominante como el que abruma a las audiencias mexicanas y asfixia a las naciones con dictaduras populistas o totalitarias.