En 2017, empecé a leer un libro de López Obrador publicado un año antes (2018; la salida. 2016). Me sorprendí al leer que ofrecía al gobierno en turno un pacto de impunidad a cambio de que no impidieran su eventual triunfo. Y me sorprendí porque eso negaba lo que tanto había prometido en los años previos; que el combate a la impunidad iría en serio. AMLO condenaba a los anteriores presidentes por no llegar hasta arriba en casos de corrupción, sino que se conformaban con algún “chivo expiatorio”, lo cual no servía de mucho. Pero su oferta de impunidad a Peña iba en contrasentido a eso, y debe haber surgido porque, según versiones, no había ese mismo pacto con Fox (pese a qué éste lo solicitaba), y de ahí que el entonces presidente haya hecho todo lo posible para evitar que AMLO triunfara (como después lo presumió).

Ahora, AMLO prefería renunciar a la posibilidad de llamar a cuentas a Peña Nieto a cambio de que éste no interfiriera con toda la fuerza del Estado a su triunfo. Así lo escribió: “A los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie… Declaramos enfáticamente que lo que se necesita es justicia, no venganza”.

Ante lo cual, escribí: “Venganza sería inventar un delito no cometido contra un enemigo político para encarcelarlo. Justicia es aplicar el castigo estipulado por la ley a algún funcionario corrupto, sea amigo o no, sea rival político o no. No es venganza lo que la ciudadanía pide, sino justicia, pero una amnistía general es justo lo contrario a la justicia” (¿AMLO presidente? 2017). Al ver que su candidato no superó el tercer sitio, y siendo amenazado por Ricardo Anaya de ser llamado a cuentas, de ganar éste la presidencia, Peña debió aceptar el pacto ofrecido en charola de plata por AMLO.

Pese a lo cual, recién se anunció una investigación sobre Peña Nieto, por posible manejo ilícito de… $ 26 millones. Me inclino por la tesis de que se trata de una presión para que Peña ayude a ganar a Morena el Estado de México a través de sus influencias, o al menos que saque las manos de ese proceso, pues tuvo una reunión con priistas en España para buscar que el PRI retenga su bastión tradicional. Supongo que a Peña le conviene que el Estado de México quede en manos del PRI, que este partido forme parte de la alianza opositora, y que Morena pierda en 2024.

Por otra parte, se han difundido trascendidos de que Peña tiene varios videos muy comprometedores (y muchos suponen que el de Pío y Martín, los hermanos incómodos, de ahí surgieron). Esa sería la defensa de Peña, y no el valor de la palabra de AMLO. Quizá por ello el propio presidente ha desvirtuado la investigación a Peña, al señalar que él lo respeta por haber aceptado su triunfo, y que la consulta sobre los expresidentes no fue vinculatoria (es lo malo de poner a consulta la ley, lo cual debilita el Estado de Derecho en lugar de fortalecerlo).

Y por otro lado, AMLO ha decidido perseguir penalmente a Alejandro Moreno (Alito) como vía para buscar tres fines políticos, que pueden ser muy relevantes: 1) Demostrar que cuando amenaza a alguien de aplicarle todo el peso de la ley, sí lo cumple 2) Precipitar la salida de Alito como presidente del PRI, y sustituirlo por alguien dispuesto a aliarse a Morena (¿Osorio Chong?). De lo cual podría obtener varios beneficios muy importantes: A) Aprobar la reforma electoral de AMLO; B) Facilitarle a Morena el triunfo en el Estado de México (como ocurrió en Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca), que será pieza importante para el 2024; y C) Frustrar la coalición con el PAN y PRD (y quizá MC). De lograrse estos tres objetivos, el triunfo de Morena en 2024 estaría asegurado. Veremos qué sigue.

@JACrespo

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