En defensa de la República

El orden republicano desde sus cimientos conlleva la división de poderes, como principio fundamental. Históricamente se ha demostrado que cualquier desviación por la que se pretenda concentrar potestades en manos de un solo poder implica una serie de consecuencias ominosas para las sociedades en que suceda una regresión autoritaria. En estos cinco años de la presente administración hemos visto acciones y hechos tendientes a la concentración del poder, ignorando los esfuerzos realizados en las últimas cinco décadas en la transición a la democracia.

De esta manera, se ha maniobrado al interior del Congreso y de las Cámaras para obtener mayorías artificiales al interior de las mismas, se han minado y capturado, incluso con actos ilegales, órganos constitucionalmente autónomos que no se someten a sus caprichos. Antes fue el Instituto Federal Electoral y en las últimas semanas la embestida en contra del Poder Judicial de la Federación y de los principios que rigen la vida institucional de dicha rama del poder.

Dicha ofensiva ha consistido en ataques sistemáticos y expresiones de intimidación y acoso en contra de jueces, magistrados y ministros realizadas directamente por el titular del ejecutivo; maniobras legislativas, como la ominosa Ley Zaldivar que tenía como objetivo el extender de manera inconstitucional dos años la presidencia del entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Inconformes con la libertad y autonomía que forman parte de la naturaleza del poder de los tribunales, el ejecutivo y los miembros de su partido, han anunciado una inopinada iniciativa para elegir en urnas a Ministros de la Corte. Recientemente, han impulsado una iniciativa de reforma legal para restringir la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, a través de la cancelación de fondos administrados por fideicomisos del propio Poder Judicial.

A este respecto, se ha señalado, tanto por miembros de la judicatura como por especialista en el tema que dicha acción tendría efectos muy negativos en la autonomía e independencia judiciales, en el derecho al acceso a la justicia de los mexicanos así como a derechos laborales consagrados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que México es parte signataria.

Como ya se ha explicado, estos trece fondos, que son administrados con mayor transparencia y pulcritud que los recursos en manos de la administración del gobierno obradorista, tienen diversas finalidades relativas al cumplimiento del pago de prestaciones laborales, ya comprometidas para con los 58 mil empleados del Poder Judicial de la Federación, así como para la realización de gastos de inversión necesarios para cumplir con acuerdos, como el TMEC, suscrito por esta administración, en materia de justicia laboral.

En lo que podemos llamar una acción unilateral alevosa, que desoye las directrices de los organismos internacionales, el oficialismo no tienen rubor en abrir fuego directo contra el Poder Legislativo, garante hoy en día del orden de la República.

Inconforme con algunas resoluciones emitidas en juicios de amparo o en litigios constitucionales, los miembros del partido oficial se descaran ante la sociedad internacional y no tienen empacho en dejar ver su talante autoritario y su incomodidad ante los principios rectores de un estado democrático de derecho en el que la ley y la justicia sean garantía para todos.

Por cierto que resulta paradójico que se pretenda excluir al Poder Judicial de la capacidad de crear y mantener fideicomisos, mientras se permite a los Poderes Legislativo y Ejecutivo hacerlo en temas selectos del voluntarismo presidencial.

Los argumentos expresados por el partido oficial y el presidente para desaparecer los fideicomisos no dejan de pertenecer al muy nutrido género de falacias cultivadas por la profusa y falaz expresión verbal del presidente. Por ejemplo, si bien pretenden atacar a la Suprema Corte, no detalla el oficialismo que del presupuesto del Poder Judicial tan solo el 7 por ciento es aplicado a dicho alto tribunal. Tampoco explica el oficialismo que parte de los recursos con los que fueron creados los mencionados fondos provienen de los propios trabajadores del Poder Judicial. Y sobre todo, que en los primeros 5 años de su gobierno -con otro presidente en la Suprema Corte- nunca fueron un problema.

En estas jornada de amenazas al orden republicano, la sociedad mexicana debe saber que puede contar con el Partido Acción Nacional y con sus diputados. Nosotros nos ponemos del lado de la división de poderes y de la República. Por eso no escatimaremos en acciones políticas y jurídicas para defender la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por eso, es que haremos uso de nuestras atribuciones, a efecto de interponer las demandas que correspondan, para que en caso de que esta colección de caprichosas vendettas prospere en el ámbito congresional, se puedan establecer los mecanismos de control correspondientes.

Ser demócrata es un compromiso ante todo. Hoy refrendamos nuestra esencia demócrata y por tanto nos expresamos abiertamente para defender la autonomía e independencia de la función jurisdiccional. Así lo hemos hecho siempre y así lo seguiremos haciendo en el futuro. Nosotros sí somos genuinos demócratas, defensores de la República.

Diputado, Coordinador del GPPAN y Pdte. de la JUCOPO