Entendiendo la aprobación presidencial (I)

Jorge Buendía

Será complicado para los ciudadanos castigar al presidente por los malos resultados de seguridad: su gobierno heredó el problema. La exoneración, además, se facilita por estar en el primer tramo de su gobierno

Una de las mayores interrogantes en meses recientes es por qué la aprobación presidencial es positiva, mientras que la evaluación de diferentes ámbitos (economía, seguridad, etc.) es desfavorable. Durante el confinamiento, la aprobación se ha mantenido estable. Según el agregado de Oraculus.mx, 58% respaldaba la gestión presidencial en marzo y hoy la cifra es de 57 por ciento. Los indicadores económicos y de pobreza, en cambio, se han deteriorado a niveles sin precedente en el mismo periodo. Apunto algunas ideas que pueden ayudarnos a entender esta brecha. 

 La hipótesis de que la aprobación presidencial refleja la evaluación ciudadana del buen o mal desempeño de una administración descansa en varios supuestos. Uno de ellos es que el presidente en turno es el principal responsable de los resultados económicos, o de otra índole, que hay en el país. En la literatura especializada esto se conoce como claridad de la responsabilidad. Las investigaciones han encontrado que en sistemas presidenciales es más fácil asignar la responsabilidad que en sistemas parlamentarios, especialmente aquellos con gobierno de coalición. Hay temas, como seguridad pública, donde diferentes niveles de gobierno son responsables de su manejo. Si hay inseguridad en la ciudad donde vivo, ¿a quién hago responsable: al presidente, al gobernador o al alcalde? 

 En el caso de la pandemia, y sus efectos, es claro que esta no es responsabilidad de gobierno alguno. Es una crisis universal y exógena al sistema político. Se podrá culpar o recompensar a un gobierno por cómo enfrenta la pandemia, pero no por el origen de la misma. En México, las crisis económicas del pasado tenían como origen el mal manejo gubernamental. El coronavirus no encaja en este tipo de crisis. Ello posibilita exonerar al presidente por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. 

Otro supuesto existente es que el ciudadano piensa retrospectivamente, es decir, juzga a partir de los resultados obtenidos en los meses, incluso años, recientes. Sin embargo, si el ciudadano juzga prospectivamente no castigará por el pasado. De hecho, puede argumentarse que hasta la aparición de la pandemia el respaldo a AMLO estaba anclado más en el futuro que en el pasado. Las expectativas de un mayor bienestar crecieron abrumadoramente después de su victoria. 

Es obvio que hoy las expectativas se han deteriorado. Los resultados empiezan a pesar cada vez más por lo que el tema crucial es la asignación de responsabilidades. El castigo a la corrupción en gobiernos anteriores, el caso Lozoya, así como el posible juicio a los expresidentes transferirá la responsabilidad de muchos problemas actuales a los gobiernos previos, incluso a los que antecedieron al gobierno de Peña. La violencia asociada al narcotráfico, un problema que ya abarca tres administraciones, es un buen ejemplo de lo anterior.
Será complicado para los ciudadanos castigar políticamente al presidente López Obrador por los malos resultados de seguridad: su gobierno heredó el problema. La exoneración del presidente, además, se facilita porque estamos en el primer tramo de su administración. 

En síntesis, hay argumentos plausibles para entender por qué la crisis que vivimos no está afectando sustantivamente el respaldo al presidente. El reto, sin embargo, es encontrar las razones que sostienen su nivel de aprobación, particularmente cuando el optimismo ciudadano ha desaparecido. 

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