Terminaremos este 2019 con crecimiento cero en la economía; es decir, sin crecimiento alguno, lo que significa que no hubo producción de un valor adicional al que tuvimos en el último año de Peña Nieto. Tampoco se crearon los empleos que demanda una población en constante crecimiento, especialmente para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, cada día en una mayor proporción, con estudios de educación media y superior.
El presidente López Obrador criticó, con toda razón, durante 18 años el mediocre crecimiento del 2% de las tres últimas décadas del denominado “neoliberalismo mexicano”. Ofreció que —de llegar a la Presidencia— empezaríamos a crecer al 4% para terminar el sexenio en un 6%. Ahora, ante el fracaso de sus políticas económicas, dice que lo importante no eran las cifras, los números de los neoliberales, sino el bienestar de la gente, “el desarrollo sostenible de la sociedad” que su gobierno “está logrando” y que, por ello, “la gente está feliz, feliz, feliz”. Sin embargo, la realidad, terca como es, plantea la pregunta de si puede haber desarrollo sostenible sin crecimiento económico. Las últimas décadas han demostrado que, aun habiendo crecimiento de la economía, así haya sido mediocre, sus beneficios no se han distribuido con equidad, sino que se han concentrado en una reducida minoría en demérito de la mayoría social.
El porcentaje de la masa salarial ha decrecido alarmantemente mientras que la riqueza se ha acumulado en unas cuantas familias, agrandando la desigualdad social, lo cual ha puesto en riesgo la viabilidad de nuestra débil democracia porque a la gente, esta democracia sin “alma social”, no le dice nada al no satisfacer sus elementales necesidades cotidianas.
La lógica del capitalismo es la acumulación. La de los gobiernos con responsabilidad y vocación social es la de establecer medidas redistributivas que atemperen la desigualdad en favor de los más desprotegidos, sin violentar el Estado de derecho para asegurar una estabilidad política y social básica. Una de esas estrategias es propiciar “un desarrollo sostenible”, que busque el bienestar no efímero, sino de largo plazo y de manera integral (con derechos humanos garantizados, democracia, apostando a la educación, el empleo, la ciencia, la tecnología y garantizando el cumplimiento del Estado de Derecho), y requiere crear nueva riqueza para que pueda redistribuirse.
O sea que puede haber crecimiento económico sin desarrollo sostenible, pero no al revés. Por eso tienen toda la razón Rolando Cordera y Enrique Provencio cuando plantean “el imperativo de la aceleración del crecimiento” (“Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México”), para lo cual —entre otras cosas— se requiere una inversión pública mayor. No es lo que estamos viendo en el gobierno de AMLO, que aparece moralmente derrotado al no cumplir ni lo más elemental de sus ofertas en economía, desigualdad, inseguridad y combate a la corrupción.
Preocupantemente, el paquete económico anunciado para el 2020 es más de lo mismo: No propone invertir en infraestructura para el crecimiento y el desarrollo. Algunos ejemplos: en Comunicaciones y Transportes hay una reducción del 22% (12.185 mil millones de pesos), en campo y desarrollo agrario 28 mmdp; en Turismo 3 mil 700 mdp por debajo del 2019 (46%); en Medio Ambiente, una reducción del 8% y el “programa estrella” de la Secretaría del Trabajo, el de “los ninis”, un 37% menos porque no funcionó.
Además, ningún incremento a Ciencia y Tecnología, ni a educación ni a salud. Todo se concentra en los caprichos del presidente para Pemex, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y sus programas asistencialistas para cultivar clientelas electorales. Eso sí, habrá nuevos impuestos, aunque AMLO lo niegue. El crecimiento será, así, cuando mucho del 1%, con lo cual no habrá desarrollo sostenible. Y el dinero, que no alcanzará, buscarán obtenerlo de nuevos recortes. La economía y el país están en riesgo.
Exdiputado federal
