El primer informe de gobierno del presidente López Obrador ha recibido muchos comentarios. Un aspecto menos atendido de lo que se merece es la visión de AMLO sobre la democracia en lo fundamental, la situación y perspectivas de la misma. Lo grave es que ese tema, central para los mexicanos, no fue de interés para AMLO.
En el discurso, la palabra democracia aparece sólo en tres ocasiones, y refiriéndose a aspectos electorales. Insistió en que será hasta su administración que se eliminen los fraudes electorales, y también que hasta ahora México alcanzó la democracia. Ese simplismo conceptual puede ser genuino o con intencionalidad.
En lo que se refiere al aspecto toral de la separación de poderes, en el discurso se afirma que sólo hasta ahora (esta administración) el Ejecutivo no interviene en las decisiones del Legislativo y Judicial. Esa afirmación es, cuando menos, imprecisa, pues en los hechos el avasallamiento de Morena en el Legislativo le permite al Presidente imponer la agenda legislativa, prácticamente sin intervención de la oposición, desatender la primacía de las resoluciones del Poder Judicial, así como sus recursos y procedimientos.
El asunto es muy relevante, pues se percibe que, en la visión de López Obrador, el Poder Ejecutivo se ubica “por encima” del Legislativo y el Judicial. De ahí sus embates contra el Poder Judicial. Por ejemplo, la iniciativa para ampliar el número de ministros. Desde su perspectiva, la Constitución y las leyes quedan subordinadas a otros principios: entre justicia y legalidad, escoge la justicia.
De ahí también su pretensión de gobernar recurriendo a mecanismos fácilmente manipulables, como la "consulta popular", para eludir limitaciones que impone la Ley, las atribuciones de otros poderes o la opinión técnicamente calificada.
Además, como a partir de los años ochenta aumentó la complejidad de las decisiones políticas, los presidentes tuvieron que ser más sensibles a las opiniones técnicas, para lo cual se crearon órganos autónomos. AMLO muestra menosprecio y desdén institucional por la ciencia, el conocimiento técnico, la planeación y ejecución de proyectos elaborados con racionalidad y rigor. Hoy, hay una demolición de contrapesos que representan los órganos especializados y/o autónomos.
Un aspecto que no debe soslayarse es el estado de avasallamiento electoral que, si bien resultó del holgado triunfo de AMLO (53%) y Morena en las urnas, éste fue potenciado por una estrategia deliberada para aumentar su representación, lo que llevó a que sus legisladores afines superen el límite de sobrerrepresentación (8%) que establece la Constitución en su artículo 54. Debe precisarse que en 2018, Morena obtuvo 37.5% del voto para diputados federales, mientras la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 43.6%. Sin embargo, esa coalición hoy ostenta 61.6% de las curules en la Cámara de Diputados (sobrerrepresentación de 18%). Algo similar ocurre en el Senado. Ésa es la causa raíz del avasallamiento electoral, que preocupa y angustia a muchos de los 26 millones de mexicanos que no votaron por él.
En la situación actual, de debilidad extrema de los partidos, la sociedad civil se percibe como un contrapeso potencial más relevante al poder político. De ahí el rechazo de AMLO a la sociedad civil. Se multiplican ataques recurrentes a sus organizaciones, al periodismo crítico y a opositores de toda naturaleza.
Continúa la concentración cotidiana de poder por AMLO, y muchos en la academia, gremios (abogados) y medios de comunicación bajan las banderas ante lo contundente del “avasallamiento”.
Contrario a la separación de poderes, hoy AMLO desarrolla dos funciones: la del Ejecutivo y la del Legislativo. A ello hay que agregar que está procurando erigirse como Autoridad Moral Superior. Con ello, en los hechos, AMLO vulnera la democracia y trivializa el ejercicio del gobierno.
Ya transcurrió el primer año de gobierno, y es momento de que la ciudadanía afine su diagnóstico: el principal riesgo del país es que no subsista la democracia.
Presidente de GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA