A raíz del espionaje que se está haciendo a actores políticos y la filtración de sus llamadas, obtenidas ilícitamente, la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones. La más mediática hasta ahora es la propia intervención ilegal que sufrió el fiscal Alejandro Gertz.
Luego de ésta, la FGR abrió investigaciones para dar con quienes 1) habrían hecho la grabación ilegal, y 2) habrían dado difusión a la misma. Ambos temas están penados en el Código Penal y en la Ley de Telecomunicaciones. El cómo solicitan e investigan las autoridades federales o locales los temas relacionados con los operadores telefónicos está regulado en unos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del 2015.
En estos temas, los operadores han auxiliado a las autoridades en casos de secuestro de personas, pero han sido reticentes en entregar cualquier otra información que les pida el Ministerio Público (MP). Lo anterior, pues los lineamientos dan facultades de pedir información tanto a ministerios públicos locales como federales y, sobre todo de los primeros, hay dudas de por qué solicitan información de usuarios. Se ha especulado que algunos MPs locales incluso han colaborado con la delincuencia para revelar datos de usuarios telefónicos.
Los operadores de telecomunicaciones se sentirían más cómodos dando información sobre sus suscriptores si hubiera una orden de un juez federal de por medio, pero rara vez las autoridades optan por esta vía. Incluso, la FGR lleva ventilando en medios de comunicación, incluido ayer Radio Fórmula, que Telmex/Telcel no colaboran con la investigación respecto al caso del espionaje al fiscal.
Sin embargo, lo que las autoridades parecen no entender es que las telefónicas, a partir de lo que se les solicite, tienen también la obligación de salvaguardar la información de sus millones de clientes, incluidos sus datos personales. De no hacerlo, además de arriesgarse a la pérdida masiva de clientes si éstos saben que una telefónica pasa a cualquier MP su información, podrían sufrir demandas por entregar información sensible de particulares.
De la información publicada, queda claro que la intervención al fiscal Gertz fue ilegal, que se habría hecho en los números de su casa particular, en donde tiene un teléfono de Telmex, y que algunos empleados de Telmex, de manera no institucional, habrían participado en las escuchas ilegales. Así que ya saben cómo, dónde y quiénes hicieron lo que hicieron.
Pero el diferendo entre la FGR y Telmex/Telcel parece centrarse en averiguar de quién es el celular que habría subido a YouTube los audios de las grabaciones del Fiscal. La FGR tiene la dirección IP, que es una huella única de un equipo móvil que subió los audios ilegales, pero quiere vincular esta huella con el nombre de un cliente de Telcel. Y es ahí donde está el diferendo.
De la Ley de Telecomunicaciones y de los lineamientos del IFT no se desprende que los operadores de telefonía tengan que conservar o dar a la autoridad la actividad que los usuarios telefónicos tengan en internet, así que me parece que la actitud de Telmex/Telcel es la correcta mientras no se cambie la ley en la materia o haya una orden judicial.
El precedente que busca la autoridad —saber, sin orden judicial, quién hace qué en internet— me parece peligroso. Más por lo que pueden buscar las fiscalías de los estados, en donde es evidente que la delincuencia tiene a menudo colaboradores.
Así, la disputa entre la FGR y Telmex/Telcel es una que nos debe de importar a todos. Es muy condenable el espionaje ilegal que sufrió el fiscal, y ojalá haya sanciones severas, pero permitir que cualquier MP pida registros de accesos a internet pone en riesgo la privacidad de millones de mexicanos.
Hace apenas unas semanas, la Suprema Corte prohibió al gobierno federal pedir los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil para proteger su privacidad. Me parece que este criterio también protege la privacidad de quienes acceden a internet. Por eso reitero que la disputa entre la FGR y Telmex/Telcel nos debería importar a todos, pues todas nuestras conversaciones y acceso a internet podrían caer en manos de las fiscalías si esta pelea la pierden los abogados de la telefónica.
Twitter: @JTejado
