Muchas palabras y boletines se han dicho y escrito por parte de funcionarios del gobierno federal en relación con las consultas que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han solicitado por presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
La 4T ha insistido que no se está violando el T-MEC y señala que el petróleo es y seguirá siendo de México, pero las consultas de nuestros socios comerciales no versan sobre incumplimientos al capítulo 8 (hidrocarburos).
Las quejas son sobre obligaciones transversales que permean a lo largo del T-MEC. En concreto, versan sobre los compromisos de los capítulos 2 y 14 del T-MEC relativos a i) trato igualitario, esto es, que se favorece a las empresas nacionales —incluidas las paraestatales— sobre las empresas extranjeras; y ii) trato discriminatorio que se está dando a las inversiones extranjeras (particularmente la inversión en el sector electricidad).
Asimismo, nuestros socios comerciales están cuestionando la Ley de la Industria Eléctrica mexicana (2021) sobre la que, si bien no se declaró la inconstitucionalidad formal, una mayoría de siete ministros piensan que sí lo es, lo que ha hecho que cientos de amparos sigan su curso y podrán terminar siendo ganados por los quejosos. De igual forma, hay inconformidad sobre decisiones de la Comisión Reguladora de Energía que afecta a empresas extranjeras, ya sea por su acción o inacción regulatoria.
Así, queda claro que el conflicto con EU y Canadá es por temas eléctricos, pero en la 4T lo quieren posicionar como si fuera por temas de hidrocarburos (petróleo), quizá, haciendo remembranza de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938.
Justamente por ello y porque el mensaje es al “pueblo”, no a los inversionistas, el Presidente recurrió primero a una defensa musical (al tocar en la mañanera la canción de Chico Che, Uy qué miedo), para luego adicionar la narrativa nacionalista de que México no es “colonia” y que la explicación del litigio se dará el día en que se conmemora la independencia nacional. Esto es, dos semanas antes de la fecha límite para alcanzar un acuerdo que desactive el riesgo de que este pleito derive en sanciones comerciales.
Llama aún más la atención que se busque la asesoría del hoy embajador de México en China, Jesús Seade, quien ayudó a redactar el capítulo 8 del T-MEC. Pero este capítulo no es, como se explicó arriba, el motivo central de las quejas presentadas. Así, la narrativa pública que la 4T está señalando no tiene NADA, o tiene muy poco, que ver con los reclamos presentados.
La única reunión de la 4T que hizo sentido, la semana pasada, fue la que trascendió entre la ministra de la Corte, Loretta Ortiz, y el Presidente de la República. No se dieron detalles de esa reunión, pero es evidente que el gobierno está preocupado por las quejas interpuestas y buscó a una abogada especialista y ponente del proyecto para discusión de la Acción de Inconstitucionalidad sobre la Ley de la Industria Eléctrica. Su resolución y, en particular, lo relativo al “despacho eléctrico” (que implica dar la prioridad a la CFE para que distribuya primero la electricidad generada por sus plantas), será la principal herramienta de defensa del Estado mexicano. Aunque usar esa resolución de la Corte tiene riesgos por el cambio de criterio que, en cada fase, sostuvo el ministro Juan L. González Alcántara.
Total que la estrategia del gobierno es decir una cosa, pero se está preparando para otra: la defensa pública está alineada a la narrativa nacionalista y al petróleo, sin embargo, la defensa legal, que se ve compleja, sí va a versar sobre los temas eléctricos.
Ahora, una defensa diferenciada como la que plantea la 4T trae riesgos, particularmente si se pierde el caso legal, pues dejará enardecidas a cientos de miles de personas y ese malestar colectivo es difícil de pronosticar cómo se va a manifestar. Puede ser contra los socios comerciales, pero también contra un gobierno que fue derrotado. Así que se doblan las apuestas.
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