El brutal ataque que, a últimas fechas, ha recibido el Poder Judicial de la Federación por parte del colérico presidente López Obrador no tiene más explicación que la venganza. Todo el discurso de austeridad y racionalidad en el gasto público es mera demagogia. De su promesa de respetar a jueces, magistrados y ministros; no entrometerse, de manera alguna, en las resoluciones que solo a ellos compete, y de que no tendría “palomas mensajeras ni halcones amenazantes”, (al recibir su constancia de mayoría como Presidente Electo), solo queda el video que lo exhibe como un charlatán. La realidad es que la furia desatada, a diario, con los ministros de la Suprema Corte de la Justicia, las mentiras sobre sus sueldos, el embate contra jueces de distrito que otorgan suspensiones en juicios de amparo, o a los magistrados que hacen su labor como tribunales de alzada, es por la simple y sencilla razón de que, al impartir justicia, apegados a letra y espíritu de la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales celebrados de conformidad con la misma, echan abajo los intentos arbitrarios y autoritarios con los que se conduce, cotidianamente, quien debería actuar como auténtico jefe de Estado y no como jefe de pandilla. Le tumbaron en la Corte su intentona de meterse, por la puerta de atrás, en los temas energético, de la Guardia Nacional y su “plan B” electoral. Luego salió con la peregrina idea de que todos los impartidores de justicia del Poder Judicial Federal sean electos ¡por el voto popular! Si la idea tuviera un mínimo de sensatez ya la habrían implementado en las 23 entidades que gobiernan. Pero no. Afortunadamente, no tienen -ni tendrán- los votos necesarios para reformar la Constitución. Y, hablando de la misma, el artículo 89, fracción XII, obliga al presidente a “facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”. Más aún, el artículo 17 dispone que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. Y, por si fuera poco, muchos de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial -como las pensiones por jubilación- son ya derechos adquiridos. En suma: recortar presupuesto y desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial es atacar la división de poderes, sirviéndose, por cierto, del Legislativo. De ahí la importancia de acudir a votar masivamente el año próximo para quitarles la mayoría absoluta en el Congreso y, con ello, preservar república y democracia.