La primera regla de la corrupción a gran escala es tener un asesor anti-corrupción. Así como suena. Esto que podría parecer contradictorio es una de las lecciones más importantes de la lucha anti-corrupción de los últimos años. Y es que a cada política pública de transparencia, integridad y anti-corrupción que se ha implementado en México y en otros países, le han seguido una serie de acciones de adaptación por parte de las redes de corrupción que se dedican a saquear recursos públicos. Pongo un ejemplo. Antes se generaban recibos falsos de pagos a nombre de empresas y personas para desviar recursos. Ante esto se crearon los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por el SAT con un sello digital único que avala la información contenida en los mismos. A la creación de los CFDI le siguieron las empresas fantasma. Si ya no se puede simular el recibo entonces se simula la empresa entera.
Lo mismo pasa con las políticas de transparencia respecto a las donaciones y gastos de partidos y campañas políticas. Conforme se fueron generando leyes y lineamientos para el financiamiento de partidos políticos, las redes de intereses detrás de estos grupos han ideado formas de seguir evitando las reglas, mientras se simula lo contrario. A continuación nombro algunas de las estrategias que se han diseñado para hacerlo: pedir aportaciones a los trabajadores de instituciones públicas a nombre de un candidato o partido; utilizar presupuesto público y desviarlo a través de empresas fantasma o contrataciones para actos de campaña; aceptar donaciones en efectivo o en especie por parte de empresas y grupos ilícitos; reducir el monto reportado de lo gastado en eventos y promocionales; desconocer el origen de promocionales así como el pago de los mismos, etc.
Estas actividades irregulares e ilegales de financiamiento acaban teniendo como consecuencia un favoritismo desmedido en el siguiente periodo de gobierno. Estudios sobran que muestran la relación entre donaciones y favores políticos. A continuación, nombro algunos. Por ejemplo, el estudio de Fulmer y Mill (2013) muestra que las empresas que realizan donaciones políticas reciben sentencias más favorables cuando se enfrentan a procesos legales. Por otro lado, otro estudio (McKay, 2018) demostró que las empresas que realizan donaciones políticas tienen más influencia en procesos legislativos. También existen varios estudios (Witko, 2011 y Bronco, 2014) que corroboran que las empresas que realizan donaciones políticas suelen ganar más contratos públicos en las siguientes administraciones. Incluso un estudio (Fazekas et al., 2023) determinó que existe un mayor riesgo de favoritismo en la asignación de contratos públicos cuando la donación se hace al partido público en el poder.
El recibir contratos públicos a cambio de donaciones políticas es una de las formas de corrupción que más se ha implementado en este rubro. Quizás porque la ganancia de un contrato público comparado con el monto donado siempre es mayor o quizás por uno de los aspectos que mencioné al principio: el rol de los asesores anti-corrupción en estos esquemas. Y es que una de las apuestas detrás de este esquema de corrupción tiene que ver con el lapso que transcurre entre la donación y el contrato asignado, así como la falta de trazabilidad respecto a los beneficiarios reales detrás de las empresas utilizadas en este esquema.
Dados los riesgos de corrupción presente y futuros que existen en el tema de financiamiento irregular de campañas políticas, es importante hacer un cruce constante, no sólo de los reportes de gastos de campaña y las empresas que realizan donaciones sino de las contrataciones que se realicen en los siguientes años, así como de los beneficiarios reales de estos contratos y empresas.
