La Consejera Jurídica de la Presidencia envió el lunes pasado un texto que nos deja perplejos: en su opinión, el órgano límite del Poder Judicial de nuestro país carece de facultades para echar abajo el llamado plan B porque “sus integrantes no son electos popularmente”. Con semejante afirmación desprecia de un plumazo que la legitimación de la Corte provenga de la propia Constitución y de las funciones que ésta le asigna: Es el propio Ejecutivo, por mandato constitucional, quien propone y somete el nombramiento de los ministros a la ratificación del Senado, ahí radica su legitimación y no requiere otra de ningún tipo.
Lo que el oficio revela es la irrefrenable voluntad de construir una dictadura de mayoría en el poder legislativo, plegada sin pudor de afanes autoritarios. Si no fuera así y la consejera hubiera firmado este oficio sin el consentimiento del Presidente, a esta hora ya habría presentado su renuncia; pero es evidente que sólo es un peón operativo más en el tablero y su manera de interpretar la democracia, la Constitución y el derecho provienen directamente del Ejecutivo.
Por su parte, los obsequiosos legisladores morenistas han sido descubiertos y puestos en ridículo incluso por el ministro Zaldívar, quien sorprendentemente parece haber vuelto en sí, y les subraya la imposibilidad de que los textos que aprobaron pudieran haber sido leídos en tan pocos minutos. El análisis de los máximos jueces demuestra que los legisladores del oficialismo levantaron con prisa el dedo y oprimieron el botón electrónico del voto amaestrado sólo para obedecer al Presidente.
Al dejar sin efectos la legislación del 28 de diciembre, la SCJN protege la democracia como forma de gobierno, pues vuelve a dar cauce a los criterios de imparcialidad, legitimidad, progresividad y respeto que los políticos deben a las leyes, mismas que han permitido tener procesos electorales competidos y democráticos.
Ahora se espera que las reformas promulgadas el 3 de marzo reciente y las 20 modificaciones a 18 legislaciones de distintas materias aprobadas al vapor tengan el mismo desenlace, pues operan las mismas circunstancias y violaciones que en el proceso impugnado.
Una de las características de este gobierno ha sido su afán por destruir y debilitar instituciones democráticas y constitucionales, típico proceder de los regímenes con aspiraciones autoritarias. Un modelo como ese tiene como grandes beneficiarios económicos a quienes pueden crecer sólo en la opacidad del manejo discrecional de los recursos públicos y de contratos por adjudicaciones directas.
Aunque este régimen ha fracasado en sus intentos por concentrar y ejercer funciones electorales por y para sí mismo, ya maquila un nuevo alud de reformas regresivas a la Constitución, por lo cual estamos obligados a apoyar a la Corte y sortear los nuevos ataques que se le ocurran al grupo en el poder; para ello es importante que los partidos de oposición y sus dirigentes demuestren capacidad para pensar menos en sí mismos y más en las necesidades nacionales.
Defender la democracia exige alternativas con apego al estado de derecho. 1) Incrementar el porcentaje de participación necesario para que la revocación de mandato tenga validez. No hacerlo permitirá al presidente saliente mantener sometido a su sucesor bajo amenaza de sabotear su mandato. 2) Reducir el poder del Presidente. El salto a la madurez política y a una verdadera democracia requiere abandonar el lastre del sistema que todavía impera en nuestro país. 3) Ante la amenaza del Ejecutivo de volver a intentar las reformas constitucionales una vez pasadas las elecciones del 2024, habrá que plantear la contrapropuesta de someter a juicio político a “su majestad” por sus múltiples atentados en contra de la Constitución.
Por las repercusiones que pueden tener las elecciones de 2024, los mexicanos estamos obligados a estar más informados y ser más críticos que nunca para acabar con el presidencialismo sin límites.