El vacío informativo por el estado de salud del Presidente no es un hecho circunstancial, sino el síntoma y el resultado del sistemático secretismo, la desinformación y la opacidad con las que este gobierno ha conducido su ruidosa publicidad desde 2018.
Sea cual sea el mal que le aqueja, le deseo al presidente una pronta recuperación. Sin embargo y porque ejerzo la crítica, denunció una más de las flagrantes violaciones al derecho a la información, negado diariamente a punta de mentiras que cada vez enredan y atrapan más a quienes las profieren.
Cuando la salud de un mandatario tiene o puede tener consecuencias en la vida pública de un país, es inútil escudarse en la defensa del derecho a la privacidad. Como opositor, el actual Presidente exigió —por lo mismo— se revelaran aspectos de la vida privada de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El velo mentiroso del secretismo y la manipulación informativa se ha rasgado nuevamente. Los huecos no sólo abren incógnitas sobre el estado de salud del Presidente; exhiben también la torpeza de la 4T, atrapada en la cultura del ruido informativo y del ocultamiento de datos. Y esto ocurre cuando el gobierno y los legisladores oficialistas mantienen la afrenta contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Inai, impidiéndole sesionar por los obstáculos que ambos han puesto a la selección de sus nuevos comisionados.
El propio presidente insiste en desaparecer el Inai. Será un atentado más contra los derechos humanos de los ciudadanos, sello de la casa de un gobierno demoledor de instituciones. La justificación aparente es su costo operativo, argumento que esgrime cuando algún órgano de la administración pública le estorba o no se le doblega a voluntad, tal como pasó con el INE y contra la SCJN, dos blancos de la ira y los ataques presidenciales.
La mezquindad ante la rendición de cuentas es flexibilidad y silencio ante el despilfarro de funcionarios y sus viajes faraónicos con dinero público o ante los desfalcos descarados contra instituciones, como en el caso Segalmex.
De consumarse el cerco contra el Inai, se habrá cometido uno de los errores más terribles del actual gobierno. El Inai es la consecuencia de años de estira y afloja entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil para construir bases sólidas que dieran garantía a los ciudadanos para conocer el desempeño de los servidores públicos.
La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son indicadores democráticos de alcance ciudadano para conocer la marcha de la administración pública.
Mucho avanzó el Inai desde su creación con Vicente Fox para dotar a los ciudadanos de instrumentos para la rendición de cuentas. Pero es mucho —cada vez más— lo que falta por hacer para abrir los candados que hoy entorpecen el acceso a la información, como el abusivo uso de la “seguridad nacional” que este gobierno emplea a diestra y siniestra para calificar cualquier asunto del que se quiere ocultar costo y posibles desviaciones de planeación, ejecución y operación.
El costo de la opacidad lo pagan los mexicanos. La inoperancia y posible desaparición del Inai abre la puerta a la simulación y a la mentira, a la corrupción rampante y descarada sin límites ni frenos: es reforzar un sistema que se conduce en la opacidad, con servidores públicos capaces de realizar artimañas sin riesgo de resentir consecuencia alguna.
En el desfile de tropiezos al “comunicar” el estado de salud de quien lo encabeza, el gobierno ha hecho el retrato hablado de lo que la 4T propone para México y los mexicanos: esto es, el retroceso y franca involución en el respeto a derechos fundamentales, el ejercicio abusivo del poder, más opacidad gubernamental con ausencia de transparencia y rendición de cuentas.
El único antídoto al alcance de los ciudadanos será el voto claro y firme del 2024 contra quienes representen la continuidad de estas calamidades.