Nunca antes se había informado con tal cantidad de datos y de imágenes los detalles de un operativo en contra de un narcotraficante. Ayer, el general Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, relató con minucia cómo fueron los ataques coordinados que el Cártel de Sinaloa desató en Culiacán el 17 de octubre pasado, para exigir la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo.
El general secretario mostró el video de aquella caótica detención, en la que privó el descontrol y el nerviosismo, y en el que Ovidio aparece en un video ordenando por teléfono “parar todo”. Habló de los tres millones de dólares que los criminales ofrecieron para que dejara escapar al hijo del jefe histórico del Cártel.
Detalló cómo y cuándo se giró la orden de aprehensión en contra de Ovidio —dictada por una corte federal de Estados Unidos. Refirió la fecha exacta en que se solicitó la detención provisional con fines de extradición y la fecha en que el ministerio público giró oficio de investigación a la Guardia Nacional.
A las 13:00 horas de aquel día se iniciaron los trabajos previos al operativo, que llevaba cinco meses planeándose. A las 15:00, el hijo del Chapo arribó al fraccionamiento Tres Ríos. A las 15:30 se rodeó el domicilio. Los efectivos no ingresaron, sin embargo, porque estaban aguardando una orden de cateo.
El Cártel de Sinaloa no tardó en detectarlos y 20 minutos más tarde inició su operativo. Eran las 16:17 cuando Ovidio fue “invitado” a persuadir a sus hermanos de que cesaran sus agresiones en contra del personal militar: “Ya paren todo, ya paren todo, ya me entregué… Ya no quiero que haya desmadres”, dijo Ovidio.
El general dijo que a las 16:45 el gabinete de seguridad informó al presidente lo que estaba ocurriendo. A esas horas hombres armados habían rodeado bases militares y tenían en su poder a varios soldados. El presidente, se supo luego, no se encerró en una oficina para llevar el mando durante la crisis: decidió tomar el vuelo a Oaxaca que lo mantendría incomunicado durante más de una hora, y anunció a los reporteros que el gabinete de seguridad sería el encargado de proporcionar información.
Sabemos lo que sucedió más tarde. Cinco horas después de que el conflicto estallara, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, le decía a la nación que una patrulla de la Guardia Nacional había sido balaceada desde de un domicilio en el que luego se descubrió que se encontraba el hijo del Chapo. En su conferencia matutina el presidente diría después: “Yo no estaba informado (del operativo)”. Así que, según se desprende de sus declaraciones, ni el jefe supremo de las fuerzas armadas, ni el encargado de la seguridad de los ciudadanos, sabían lo que pasaba.
Dos semanas después, los videos y la narración realizada por el general secretario revelan que tanto el presidente como su secretario mintieron (el propio AMLO, en otra versión, había dicho que “el presidente de la República está al tanto de todo”). En todo caso, al gobierno de López Obrador le llevó 13 días presentar una versión destinada a aclarar parcialmente lo que ocurrió: 13 días para intentar el control de daños.
El problema es que en la nueva versión, en lugar de ser favorecido, el gobierno resultó más comprometido. Solo se resaltó su impericia, su desarticulación. La narración del general constituyó un reconocimiento a la superioridad del Cártel de Sinaloa, tanto en número de efectivos como en poder de fuego, tanto en trabajos de “inteligencia” como en en su capacidad de reacción.
El general Sandoval le dio la cara a la nación. Eso hay que reconocerlo. Pero para justificar el desastre tuvo que exponer cómo los narcos acorralaban a sus hombres, cómo les robaban los vehículos, cómo los mutilaban con su potente armamento, y les obligaban a entregar las armas: a rendirse.
El secretario Durazo consideró todo como un “tropiezo táctico”. Echó mano de la propaganda ideológica como recurso infalible para salir del paso: si se fracasó, es porque no se hizo lo que añoran los conservadores, pero esos tiempos ya pasaron.