El 20 de julio de 2020, el diputado Marcos Zapotitla Becerro , del partido Encuentro Social, PES , citó a una de sus colaboradoras, una joven de 28 años de edad, en un restaurante de Cuernavaca.
Ese día, Zapotitla sostuvo una reunión con varios políticos cercanos al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco .
La reunión terminó muy tarde, entre risotadas, frases destempladas y varios vasos rotos. La colaboradora dijo después que había estado presente una persona cuyo nombre, por razones de seguridad, no iba a mencionar.
A lo largo del convivio, la joven permaneció en una mesa aparte, en un rincón del exclusivo establecimiento. El diputado le había pedido que lo esperara, para llevarlo en coche hasta su casa.
Salió del restaurante en completo estado de ebriedad. Cuando llegaron a su domicilio atacó a la muchacha sexualmente, haciendo uso de la fuerza. A mitad de la agresión, la colaboradora logró salir de la casa.
“Nunca te di motivos para esto”, le escribió.
“A eso viniste”, respondió Zapotitla.
La víctima solicitó el auxilio de un médico que tuvo el tino de registrar la información con la que luego, una vez que ella acudió al ministerio público de la Fiscalía Metropolitana —y se abrió la carpeta SC01/8000/2020—, se integraron “las periciales correspondientes”.
Zapotitla era entonces presidente de las comisiones de Igualdad de Género , Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Morelos. Era uno de los principales aliados de Hugo Eric Flores, el líder del PES, bajo cuyas siglas Cuauhtémoc Blanco llegó al gobierno de Morelos. Su apoyo político al gobernador no era un secreto para nadie.
Desde que se hizo la denuncia, Zapotitla Becerro negó los cargos presentados por el abogado de la víctima —abuso sexual y laboral, daño sicológico, emocional y físico— y alegó que detrás de esto había un trasfondo político encaminado a dañar su imagen. Se acercaba el proceso electoral: “Empiezan a soltarse los demonios”, dijo, y alegó: “He tocado intereses fuertes en el Poder Judicial”.
Cuauhtémoc Blanco sentenció que todo se trataba de un enjuague armado por un “grupito” que apoyaba a su predecesor, el exgobernador Graco Ramírez , a fin de “desestabilizar” su gobierno —actualmente, el peor calificado en el país, por cierto.
Zapotitla fue protegido políticamente por los asistentes a la francachela del 20 de julio de 2020, integrantes del gobierno del estado, y por miembros de su propio partido.
Cuando, con la denuncia en la mano, el fiscal general del estado solicitó su desafuero, según denuncia de legisladores, el presidente del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez , huyó llevándose la carpeta de investigación.
Sotelo argumentó después que “la tardanza” para elaborar el dictamen de desafuero de Zapotitla tenía como fin “preservar los derechos del diputado” y “proteger el proceso legislativo”. Más tarde renunció “no por el procedimiento de desafuero que se está llevando contra Zapotitla, sino por decisión personal”.
Al mismo tiempo, la comisión de Gobernación y el Gran Jurado, a cargo del legislador José Casas, no sesionaron cuando había que elaborar el dictamen de desafuero.
Con el apoyo irrestricto de la bancada del PES, el partido del gobernador, Zapotitla tramitó ocho amparos para evitar su detención. Medio año después de los hechos denunciados, en enero de 2021, consiguió la suspensión de un juez. Había ganado tiempo y protección, hasta el momento en que se le acabara el fuero.
Para entonces habían surgido al menos dos nuevas acusaciones de violencia en contra de mujeres. En febrero pasado, las presiones de grupos feministas y medios de comunicación lograron que diputadas y diputados de diferentes partidos (Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza) exigieran su remoción.
“Para hacer lo socialmente correcto”, el PES accedió a separarlo del grupo parlamentario y también como presidente de las comisiones que encabezaba. Más de un año después de que se supo del caso, terminaron los trabajos de la 54 Legislatura.
Con una orden de aprehensión a cuestas, el exdiputado del PES desapareció. Investigadores consultados relatan que apagó su teléfono celular y se alejó de todo domicilio registrado. Cometió, sin embargo, el error de entregar el teléfono a otra persona. En la red de vínculos de esa persona, apareció pronto un nuevo número.
Por ese nuevo número desfiló la vieja red de vínculos de Zapotitla. “Así supimos que ese número era el de él”, narra uno de los investigadores.
El 18 de septiembre la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo en la colonia Vista Hermosa. Le había ofrecido a la víctima diez millones de pesos “para llegar a un arreglo”, según fuentes vinculadas al caso, y también le había hecho una oferta a la fiscalía del estado.
Cuatro días más tarde fue vinculado a proceso e internado en un penal dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad —que depende a su vez del gobernador del estado.
Grupos feministas que se acercaron al columnista denuncian que la protección a Zapotitla continúa en ese lugar. “Trato privilegiado, comodidad, buena alimentación, derecho a vestirse como quiera, todo por órdenes del gobierno del estado”, denuncian.