México es un país con enormes desigualdades y necesidades que se tratan de atenuar a través de programas y proyectos públicos que son loables en sus propósitos; sin embargo, la corrupción involucrada en su operación, no generalizo, no permite que produzcan los resultados esperados, por lo que evidenciar y denunciar oportunamente estos casos, que los ha habido en todas las administraciones públicas pero que muy pocos han sido sancionados, es saludable e indispensable para nuestra democracia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la responsabilidad de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, los poderes de la Nación y los Órganos Autónomos. Es la única institución que constitucionalmente puede fiscalizar las participaciones federales que se entregan a Estados y Municipios. En consecuencia, cuenta con el marco jurídico de actuación más amplio para solicitar información inclusive clasificada como reservada y en posesión de privados. No hay otra instancia en México con estas atribuciones y recursos para fiscalizar, por lo que se esperaría que actúe con independencia, objetividad, transparencia y oportunidad. Usted juzgue.
De acuerdo con un informe presentado a la Cámara de Diputados con información al 31 de marzo pasado, se conoce que la ASF había presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativas (TFJA), 116 procedimientos de responsabilidades, de los cuales 95 corresponden a la cuenta pública 2016; 19 a la de 2017; 2 a la de 2018 y 49 asuntos de la cuenta pública 2016 que estaban pendientes de presentarse. No se había promovido ningún asunto correspondiente a las cuentas públicas 2019 en adelante.
Ahora bien, conozcamos, a la fecha, cuántos asuntos tienen bajo su responsabilidad las tres Direcciones Generales de Investigación que dependen de la poderosa Auditoría Especial de Seguimiento (AESII), creada en 2018, que son las responsables de generar los “Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa” que se presentan al TFJA y que realizan las investigaciones sobre las irregularidades que no pudieron ser solventadas en la etapa de aclaración a la que tienen derecho los entes fiscalizados.
De acuerdo con el Sistema de Consulta Pública de la ASF, estas direcciones tienen en proceso de investigación 3,510 asuntos solo de las cuentas públicas 2016 a 2018; de los cuales 1,617 corresponde a la cuenta pública 2016; 1,159 a la del 2017 y 734 a la del 2018, por lo que los presentados al TFJA, que son 116, representan el 3.3% de los asuntos que siguen en investigación de estas tres cuentas públicas.
De acuerdo con la misma fuente de información, en relación a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en el año 2023, con corte al 26 de junio, se identifican 15 por irregularidades cometidas en la cuenta pública 2016; 8 en la de 2017 y 6 en la del 2018; en total 29 de 36 presentadas en este periodo.
Lo anterior denota el gran atraso que presenta la ASF en los procesos que buscan sancionar a los servidores públicos que incurren en irregularidades en el manejo de recursos. Las cifras son contundentes sobre el fracaso para combatir la impunidad con oportunidad y eficacia. Presentar denuncias o promociones de responsabilidades, en algunos casos, transcurridos más de seis años de haberse realizado el hecho irregular me parece grave, pero más lo es, mantener en investigación una cantidad importante de asuntos de las cuentas públicas 2016 a 2018, correspondientes al sexenio anterior. Por lo que expongo, se ha señalado a la poderosa AESII, concentradora de las más importantes decisiones en la ASF, como un conveniente “Embudo” que contribuye con el alto índice de impunidad imperante en nuestro país.