En las próximas semanas, meses y años no habrá tregua. Después del revocatorio vendrán toda clase de mayoriteos y abusos por parte del gobierno y su partido. Seguirán violando la Constitución y las leyes. El día de hoy se hace escala en la reforma energética. El gobierno y su coalición política harán todo lo posible por sacarla adelante y los partidos de la oposición deberán demostrar que son capaces de cumplir su compromiso de evitar el atentado contra uno de los mayores logros del pluralismo político: la asunción por casi todas las fuerzas políticas del reto mayúsculo que tiene este país para superar su fósil adolescencia petrolera y llegar a la plena capacidad energética resguardando el medio ambiente propio y global, fundándose en la competencia económica y la capacidad regulatoria del Estado. Si la reforma de 2013 falló en algo fue en no cumplir con una de sus condiciones necesarias: burocracia competente y honrada capaz de regular los mercados para hacerlos competitivos y no oligárquicos. La corrupción de las empresas privadas y los agentes públicos que el presidente aduce como motivo para regresar al monopolio estatal energético contaminante, además de que no ha sido demostrada más allá de la demagogia, pone de manifiesto la incapacidad del Estado para pasar a la vida adulta de país tecnológica y administrativamente avanzado, asunto que el presidente no ha querido afrontar. En otras palabras, atreverse a pensar la soberanía de manera no aislacionista, sino haciendo que México se mida con todo su potencial en la arena económica y tecnológica mundial. Para pasar del berrinche nacionalista a la soberanía de vanguardia, hace falta un mejor Estado y no uno más grande y primitivo, como lo quiere la 4T, resignada ya a la impotencia presidencial disfrazada de caudillismo feudal.

Si bien la independencia petrolera que México inició en 1938 fue, en su momento, una salida a un problema de soberanía que, además, dotó al país de una singular capacidad técnica, hoy es todo lo contrario. En vez de una nueva idea de soberanía en un mundo inevitablemente globalizado, se nos ofrece la repetición de una experiencia que funcionó hasta 1980 —estirando la liga— y que se fue a pique desde entonces. De ser aprobada, la reforma constitucional nos devolverá a las ruinas que habíamos abandonado: el monopolio ineficiente y corrupto de la burocracia de cacique, torta y matraca, la quemazón de petróleo de mala calidad —que predomina en nuestro subsuelo—, las gasolinas encarecidas y subsidiadas con dinero que falta en educación y medicinas, la destrucción del medio ambiente y el atraso en inversión y tecnología. La historia ya anticipa el juicio a la 4T que, a la vista de la transición energética mundial, decide regresar a quemar materia fósil cuando el sol, el viento, los mares y la tierra, gracias a la tecnología, ofrecen las opciones a desarrollar para hacer un mundo completamente eléctrico y digital —que de todas maneras será—, con protección a la naturaleza. Por todos lados la 4T desafina como sirena vetusta: el tren maya, Dos Bocas, la CFE de Bartlett, el AIFA y lo que se acumule.

Y el método utilizado para llegar a su utopía regresiva no es menos antediluviano. La 4T busca que el patrimonialismo con el que gobierna de facto se reinstale de jure en una Constitución de la que habíamos expulsado sus fórmulas: el partido de Estado, el fraude electoral, el control caciquil de las elecciones, la servidumbre de los ciudadanos a la voluntad de un solo hombre, el sometimiento de los poderes del Estado al tlatoani y la supresión de las disidencias, sean del pueblo humilde o de intelectuales, científicos, periodistas o ciudadanos independientes si no pronuncian el dogma obligado en el templo de la autocracia. Por esto, el día de hoy, el deber de los demócratas es detener la regresión eléctrica y mañana la electoral y así sucesivamente, hasta reconducir la borrachera populista para decidir con pluralidad, no por boca de un falso oráculo.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
@pacovaldesu