La semana pasada la violencia se apoderó del país, en 3 días, 4 entidades fueron escenario de múltiples ataques, homicidios, incendios, bloqueos y agresiones a la población civil por parte de grupos de delincuencia organizada.
El miércoles 10 de agosto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejecutó múltiples ataques en Guanajuato y Jalisco y el viernes 12 en Baja California.
El jueves 11 en Ciudad Juárez dos grupos delictivos, “Los Chapos” y “Los Mexicles”, se enfrentaron en el penal. El saldo incluye víctimas de homicidio doloso y de lesiones con arma de fuego. Tras dichos eventos, Los Mexicles ordenaron bloqueos, quemas y agresiones en contra de la ciudadanía.
Si bien, desde 2006 a la fecha han ocurrido una serie de exhibiciones de violencia pública por parte de la delincuencia organizada -incluso podemos recordar hechos similares en términos de ataques simultáneos en diversos municipios el 1 de mayo de 2015 por el mismo CJNG- y diariamente se registran en promedio entre 80 y 90 homicidios dolosos, nunca habíamos vivido 3 jornadas consecutivas de ataques coordinados en diversas ciudades del país.
Estos hechos ponen en evidencia que:
1. Es falso que vamos por buen camino y que la violencia se haya reducido en el país.
2. Es real la advertencia que varios funcionarios y medios internacionales han hecho de que casi la mitad del territorio se encuentra dominado por la delincuencia -declaraciones que el gobierno federal ha rechazado con vehemencia-.
3. La estrategia de “abrazos, librazos, no balazos” no funciona, como tampoco funciona acusar a los delincuentes con sus mamás, papás y abuelos, invitarlos a portarse bien, recomendarles que “no se maten entre sí porque hay negocio para todos”, ni tampoco ha servido tenerle deferencias a las madres de los delincuentes: la delincuencia organizada mata y ejecuta más actos violentos que en cualquier otro momento de nuestra historia.
4. Ni la Guardia Nacional ni las fuerzas federales tienen la capacidad de enfrentarse a la delincuencia organizada porque no hay estrategia ni hay coordinación con los gobiernos locales.
5. Es falso que este gobierno atienda las causas de la violencia mediante los programas sociales. Éstos no están diseñados con una lógica de prevención del delito ni contemplan acciones complementarias para evitar que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas y, aún si quisiésemos creer que las transferencias económicas son parte de una lógica de prevención, la violencia que impera en el país sería evidencia que estos simplemente no funcionan.
6. La inteligencia del país falló una y otra vez. ¿Cómo es posible que el Centro Nacional de Inteligencia no advirtiese sobre los riesgos de ataques múltiples?
7. Esta Guardia Nacional, que en efectivos es tres veces mayor a la Policía Federal, es mucho menos capaz que lo que teníamos antes.
8. Es falso que una vez que la Guardia Nacional se adscriba a la SEDENA vamos a mejorar la situación de seguridad del país. De facto la Guardia ya obedece y ya es capacitada por el Ejército y la violencia no cede. ¿En qué ayudaría el decreto presidencial en aumentar la eficiencia y eficacia de dichas instituciones?
9. La politización de las decisiones de seguridad han tenido como efecto romper parte del pacto federal toda vez que el gobierno de López abandona a los estados gobernados por la oposición. Por ello, no sorprende que al tiempo que las fuerzas federales no se coordinan con las locales, la delincuencia organizada se apodere de más territorio nacional.
10. Los recortes presupuestales en materia de seguridad han llevado a condiciones críticas a las policías y fiscalías de todo el país. En esta administración, las aportaciones federales a la seguridad han llegado a mínimos históricos: las fiscalías y policías estatales han tenido recortes presupuestales superiores al 30% y las policías municipales reciben 0 pesos de la federación desde el año pasado.
Todo apunta a que los hechos de Ciudad Juárez no están conectados con los del CJNG. Sin embargo, en su conjunto exhiben la incapacidad del Estado.
Por su parte, los hechos violentos ejecutados en Baja California, Guanajuato y Jalisco no parecen justificarse por la simple detención de integrantes del CJNG, sino que hacen suponer a un problema más grande: (I) ataques simbólicos a una empresa trasnacional que no quiso pagar derecho de piso y (II) el incumplimiento de acuerdos entre el gobierno federal y el grupo delictivo.
Como ya es costumbre, estos terribles hechos quedarán como anécdota: ningún grupo delictivo ni alguna red de complicidad se desmantelará; no habrá reparación del daño para las víctimas; no disminuirá la violencia; no se identificarán responsabilidades por parte de los funcionarios; no habrá destituciones ni renuncias.
La violencia del 10, 11 y 12 de agosto pronto quedará rebasada por la ocurrencia de otros hechos violentos más recientes.
Sin embargo, los mexicanos no debemos olvidar la incapacidad que demostraron las fuerzas federales; la ineficacia que demostró el mando militar; la distracción de recursos de la Marina para transportar la botarga del equipo de béisbol del presidente mientras Ciudad Juárez ardía en violencia; la admisión de la alcaldesa de Tijuana que las autoridades saben y toleran el cobro de derecho de piso y que el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía, en vez de trabajar, lleva meses en campaña electoral para gobernar Coahuila.
Es decir, no debemos olvidar que vamos mal, muy mal en seguridad porque las autoridades priorizan la frivolidad y los intereses personales por encima del bienestar de los mexicanos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
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