Tras doce días desaparecida, el pasado 21 de abril la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) anunció el hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi Escobar, en una cisterna cerca de un motel en Escobedo, Nuevo León.
Una tragedia que nos recuerda la terrible deuda que tenemos con las víctimas del delito, con las casi 100 mil personas desaparecidas y con cada una de las mexicanas.
En nuestro país día a día es más peligroso ser una niña, una adolescente, una mujer adulta. El riesgo se encuentra dentro del propio hogar, en la escuela, el trabajo o en la vía pública.
La difusión de este caso movió a las autoridades a localizar a Debanhi, con el despliegue de personal y la investigación que debería cumplirse en cada uno de los casos de desaparición, independientemente de la publicidad del tema, el nivel socio económico, la etnia, el estatus migratorio o los contactos de la víctima.
Sin embargo, ni siquiera la notoriedad del hecho delictivo, ni la protesta social en la capital neoleonense, logró un desempeño impecable de las autoridades. La misma fiscalía reconoció las fallas que señaló el padre de Debanhi -una de las más graves es que en el lugar del hallazgo ya habían buscado con anterioridad sin éxito-.
La evidencia que los protocolos de búsqueda no se cumplen, que las investigaciones son deficientes, que la autoridad se encuentra rebasada y logra actuar sólo en los casos de notoriedad, es que mientras buscaban a Debanhi, la Comisión de Búsqueda (CB) local encontró a otras 7 mujeres que contaban con una denuncia de desaparición, 2 aún con vida y 5 lamentablemente ya fallecidas.
La desaparición de Debanhi ayudó a que la autoridad hiciese lo que no hizo. La búsqueda de una joven que llegó a la notoriedad de los medios y a la acción de colectivos, permitió que 7 familias obtuviesen el acceso a la justicia que de otro modo no habrían logrado.
En lo que va de este sexenio la desaparición de personas ha crecido más de 140% comparado con los 54 años previos. Es decir, del total de 99 mil personas desaparecidas en México, 41 mil corresponden a denuncias presentadas entre el 15 de marzo de 1964 y el 30 de noviembre de 2018; mientras que del 1 de diciembre de 2018 al 18 de abril de 2022 desaparecieron 58 mil personas más.
Históricamente siempre han sido más la cantidad de hombres que desaparecen respecto a las mujeres, algo que en los últimos años se ha revertido.
Si la proporción de mujeres desaparecidas se mantuvo en 20% desde 1964 hasta 2012, en el sexenio de Calderón ese porcentaje aumentó al 27%, en el de Peña al 32% y en lo que va de este gobierno el porcentaje pasó a ser el 35%.
Entre 2019 y 2020 la cantidad de hombres desaparecidos disminuyó 5.67% mientras que las mujeres desaparecidas aumentaron 47.72%. De 2020 a 2021 los hombres desaparecidos incrementaron en 4.63% y las mujeres en 24.03%.
A este ritmo para 2024 en México habrán desaparecido más de 150 mil personas.
El fenómeno de las desapariciones se asocia a factores como la violencia ejercida por parte delincuencia organizada; la debilidad institucional que inhibe el acceso a la justicia para las víctimas y garantiza impunidad en la comisión de delitos; así como a la militarización de la seguridad pública y ciudadana.
Sin embargo, en el caso de las mujeres, las desapariciones se asocian más a factores socio-culturales, con profundas raíces históricas, que se agravaron debido al confinamiento social y a la comisión de delitos comunes como trata de personas, secuestro o extorsión.
Miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas son engañadas, privadas de la libertad y sometidas a ser tratadas, la denominada “esclavitud moderna”, para ser explotadas sexualmente, laboralmente o forzadas a la mendicidad.
Su tratante ejerce violencia y manipulación para mantener el control y la explotación de las víctimas. En lo que va de 2022 cada día se registran 2 víctimas de trata de persona.
El feminicidio es un delito que comete generalmente el círculo más cercano a la mujer. Por lo general una víctima de este delito tiene una historia de violencia psicológica, física, sexual y/o económica por parte de familiares, parejas sentimentales, conocidos o compañeros de trabajo.
Según datos oficiales, a nivel nacional en el primer trimestre de 2022, desaparecieron 7 mujeres al día. Si queremos frenarlo debemos educar a la sociedad acerca de los derechos de la mujer; capacitar a la sociedad a reconocer los signos de la violencia en contra de ellas; generar espacios de protección y asistencia que les permitan romper el círculo de la violencia y tratar prevenir otros delitos que ocurren a diario y ponen en riesgo la vida de la mujeres.
De enero a marzo, cada día se registran 3 víctimas de feminicidio; 7 de homicidio doloso; 60 de violación; 169 de lesiones dolosas; 30 de secuestro y otros delitos que atentan contra la libertad personal; 9 de extorsión y se inician 632 carpetas de investigación por violencia familiar.
Cabe recordar, que los datos oficiales apenas si representan en promedio el 7% de los delitos totales, es decir, según los datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 delitos que se cometen, apenas 7 se investigan -aunque hay delitos como la violación donde sólo el 5% se investiga o la extorsión de la que apenas es el 1% del total de extorsiones ocurridas, se registra en los datos públicos-.
Conocer los rangos de edades y perfiles de las víctimas y de los victimarios; las zonas y horarios de mayor incidencia de delitos; los factores de riesgo ambientales y situacionales para así desarrollar políticas públicas trans sexenales permitiría salvar centenares de mujeres de la violencia, de la muerte, de la desaparición.
En sentido opuesto, la ausencia de una estrategia nacional, que se articule con las estrategias locales; el divorcio del gobierno con sociedad civil y víctimas; los recortes presupuestales sin sentido; la politización de las políticas educativas, sociales, económicas, de movilidad, de salud, de seguridad y de justicia, permiten que los delitos sigan creciendo y que las mujeres estén en grave riesgo.
Es lamentable que la FGJNL y la CB hayan fallado en este y otros miles de casos.
Debe preocupar -mucho- la falla de la FGJNL dado que es una de las fiscalías más eficientes y transparentes del país -imaginemos lo que sucede en Guerrero, probablemente la fiscalía más débil o en Veracruz, posiblemente la más ineficiente y corrupta-.
Nada ni nadie le devolverá a Debanhi a sus familias, como tampoco nos devolverá las 24,613 mujeres que han desaparecido en 58 años. No obstante, este dato debería mover a la sociedad a actuar, a los empresarios, medios de comunicación, credos religiosos y autoridades a actuar juntos en favor de garantizar que toda mujer viva libre de violencia.
En el ONC ya trabajamos en ello con empresas y universidades, para capacitar, prevenir, atender y asesorar las mujeres víctimas de violencia.
En el ONC queremos ayudar y por ello ofrecemos donar estos programas y acciones a las autoridades de Nuevo León y de todo el país.
Lástima que dicho ofrecimiento fue rechazado por la Guardia Nacional, la FGR, otras dependencias federales y haya sido amablemente ignorado por la mayor parte de gobiernos locales del país.
¡Así ni cómo parar las desapariciones que llegarán a ser más de 150 mil antes de final de este sexenio!
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
