El pasado 31 de mayo el presidente López publicó un decreto por el cual se prohíbe el uso de vapeadores y cigarros electrónicos. Dicho decreto complementa el que se publicó en 2021, cuando se buscó frenar su importación y distribución en el país.
Evidentemente el primer decreto presidencial fracasó en sus objetivos, evidentemente ni las aduanas, ni las fuerzas federales lograron hacer cumplir su contenido ya que dichos dispositivos electrónicos se venden con absoluta impunidad en la vía pública, restaurantes, antros, estadios, conciertos, fiestas privadas e incluso a través de páginas web.
La justificación que nos da el gobierno federal para emprender esta guerra, es la de proteger el derecho a la salud de los usuarios.
En el mundo este tipo de aparatos y sus respectivos insumos están debidamente regulados. En Estados Unidos, Canadá, Europa -por citar algunos casos- los cigarros electrónicos y vapeadores se venden legalmente; su regulación implica controles severos que permiten garantizar que su calidad sea apta para el consumo humano, generan impuestos y parte de las ganancias que reciben las empresas productoras y el erario, se destinan a campañas educativas y de salud, focalizadas en crear conciencia en los usuarios de los efectos prologados del consumo de dichos productos.
Es importante subrayar que su regulación no ha impedido que existan mercados informales o ilícitos que operan de manera paralela. También en aquellos países -donde el Estado de Derecho es mucho más sólido que en el nuestro- la delincuencia produce, importa, distribuye y vende ilegalmente este tipo de dispositivos.
Por ello, los países que tienen una clara regulación sobre estos productos, mantienen un constante ejercicio para decomisar aquellos vapeadores y cigarros electrónicos que ingresan, se producen o venden de manera ilegal.
En México parece que no queremos aprender ni de nuestra historia ni de la experiencia internacional: si por un lado en nuestro país sobran las evidencias de fracasos cuando se intenta acotar los mercados ilícitos; por el otro, el mundo nos ha enseñado que las prohibiciones son menos efectivas que la regulación y educación de la sociedad.
En el Observatorio Nacional Ciudadano hemos dedicado la última década a estudiar diversos mercados ilícitos, su alcance, efectos, las políticas con las que se atienden y los eventuales resultados.
Estos casos nos enseñan que el populismo penal -es decir el aumento de penas- resulta la peor estrategia, la que genera más impunidad, hace menos eficiente al Estado y facilita el control por parte de los criminales de dichos mercados.
Tomemos el caso de las drogas, la guerra contra ellas produjo violencia, mermó los recursos del Estado, sin lograr reducir su venta o consumo.
Parte del fracaso de los gobiernos que apuestan a combatir en vez de regular y educar, se debe a la ingenuidad con la que enfrentan el problema.
Cuando un producto ilícito se puede adquirir fácilmente es porque las redes de corrupción y de delincuencia organizada, operan a través de bandas y delincuentes comunes; porque el producto genera ganancias importantes; porque la debilidad institucional -poco personal, mal entrenado, sin inteligencia, en ocasiones corrompido- genera impunidad; porque muchos de los mercados ilícitos deben ser enfrentados bajo una óptica de delincuencia organizada trasnacional; porque la manifestación del fenómeno criminal tiene características territoriales y situacionales que deben ser entendidas si se busca atacarlas.
Es decir, combatir un mercado lícito requiere de una estrategia clara, suficientes recursos humanos, capacitación, equipamiento, colaboración institucional, mecanismos complementarios de combate al delito -decomisos, congelar recursos, blindar aduanas-, así como mucha cooperación interinstitucional. Nada de lo que dispone el actual gobierno.
Pese a que cualquier especialista, académico, funcionario experto, víctima de la violencia o empresa trasnacional, pudo haber advertido de ello al presidente, el gobierno de López prefiere emprender una guerra contra los vapeadores, tal como Calderón la emprendió contra las drogas.
Sorprende que López, que tanto culpa de la violencia actual a su antecesor y tanto criticó su estrategia, la busque reproducir. Lamentablemente la copia de López cuenta con menos capacidades, menos estrategia y menos inteligencia que la de su odiado antecesor.
De igual forma, llama la atención que si se busca impedir el uso de cigarros electrónicos y vapeadores por un genuino interés en el bienestar físico de sus consumidores, no se haya explorado un enfoque educativo y de salud pública.
Precisamente, el decreto que López presentó hace tan sólo una semana, no sólo se centra en prohibir la producción, importación, distribución y comercio de estos aparatos, sino que busca aumentar las penas para quien infrinja estas normas.
Cabe preguntarnos ¿qué hará diferente en esta ocasión el gobierno federal para evitar el fracaso del decreto de 2021?
1. ¿Habrá un mayor número de servidores públicos dedicados a perseguir la cadena de ingreso ilícito de vapeadores al país, de su producción, su distribución, su venta y su consumo?
2. ¿Se espera que por el simple hecho de haber prohibido el uso, desaparezca el mercado y consumo de éstos?
3. ¿Se destinarán más recursos a las fiscalías, a las unidades de inteligencia financiera, aduanas y fuerzas federales para eliminar las redes delictivas dueñas de este mercado?
4. ¿La publicación de este decreto será el elemento clave que permitirá cristalizar una política de combate a la corrupción de la que actualmente carecemos?
5. Ante más de 120 mil homicidios en 41 meses de este gobierno, 60 mil desaparecidos, los peores niveles de corrupción e impunidad de la historia de nuestro país ¿es prioritario criminalizar el consumo y venta de vapeadores por encima de otros pendientes mucho más urgentes?
Lo repito, este decreto nos llena de sorpresas y dudas ¿cómo es posible que un presidente que -según él- se adscribe a una izquierda progresista, fomente una y otra vez la prohibición, aumento de penas y uso indiscriminado del sistema penitenciario, para hacer frente un tema que debería ser atendido desde un enfoque de salud pública?
¿Por qué López y su partido, en el intento de ser diferente a Calderón, proponen regular la cadena productiva y comercial de la mariguana -algo que parece que ya olvidó y que su partido dejó morir en el legislativo- y hoy emprende una guerra contra vapeadores y cigarros electrónicos?
¿López y su gobierno buscan beneficiar a alguien con esta prohibición o simplemente son ingenuos?
¿López sabe que su gobierno carece de una política de seguridad? Y si aún no lo ha entendido ¿por qué nadie de su equipo se lo informa y de paso le advierte que no cuenta con la estrategia, recursos, colaboración interinstitucional ni tiempo para enfrentar el combate a un mercado que hoy controla la delincuencia?
Definitivamente es una sorpresa que la administración federal -que sabe que vivimos el peor momento de violencia, corrupción e impunidad de la historia- busque abrir otro frente y crear un nuevo enemigo que producirá más corrupción, violencia en el país y debilitar aún más nuestro Estado de Derecho.
Si este gobierno fuese profesional y el ciudadano estuviese al centro de su preocupación, la administración federal y el H. Congreso de la Unión hubiesen generado un diálogo entre expertos en salud, en educación, en seguridad, sector productivo, asociaciones de consumidores para regular un producto que cada vez se consume más.
En contraste, el gobierno de López apuesta a una guerra que tendrá como efecto entregarle plenamente el negocio de los cigarros electrónicos y vapeadores a la delincuencia organizada; que generará daños en la salud de los mexicanos y que habrá de aumentar delitos y violencia.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
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