Imaginemos que una comunidad vive a un lado de un acantilado, ahí la vida de cada uno de los pobladores se encuentra en constante riesgo y las condiciones ambientales no permiten que la comunidad prospere.
Tras explorar varias soluciones, la única viable para dicha comunidad es la de transferirse al otro lado del acantilado a través de la construcción de un puente. Ello sólo sería posible si la comunidad contase con alguien capaz de diseñar un puente según las necesidades situacionales y ambientales; si contasen con la materia prima suficiente y adecuada; con el número de personas suficientes y capacitadas para ejecutar la obra y que todo esto suceda lo más rápido posible ya que, mientras más tiempo se tarden en construir el puente, más personas perderán la vida y más tiempo tardará la comunidad en desarrollarse plenamente.
Si falla algo entre el diseño, la experiencia, el desempeño en la ejecución, la calidad y cantidad de los materiales, es de esperarse que el puente colapse y que la comunidad o perezca o se quede atorada en el lado inhóspito del acantilado.
Esta metáfora puede servir para entender por qué en nuestro país llevamos décadas sumidos en olas de violencia sin lograr transitar hacia una sociedad donde toda persona se sienta segura dadas las condiciones de incidencia delictiva, así como las de acceso a la justicia en caso de la ocurrencia de un ilícito.
En los últimos 20 años el país ha visto crecer los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros, las extorsiones, los robos, los fraudes y muchos más delitos. De la mano ha visto crecer la corrupción e impunidad.
Ante ello, es válido preguntarnos qué esta fallando, particularmente si cada 6 años el presidente y su gobierno en turno nos han prometido recuperar la paz, mientras que al término de mandato descubrimos que la situación siguió empeorando.
Hoy pasamos por la mayor crisis de violencia del México moderno, basta recordar que los últimos 4 años han sido los más violentos de la historia, que en los primeros 26 meses de la actual administración se han registrado más de 77 mil víctimas de homicidio doloso y más de 24 mil desaparecidos, pese a las promesas que este y los anteriores gobiernos hicieron de entregar un México en paz.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos dado cuenta de las fallas que en pasado y en la actualidad han inhibido la mejora en las condiciones de seguridad y justicia. En el ONC advertimos que carecemos tanto de un plan específico y verificable para reducir los delitos, como de los recursos necesarios para cristalizar las acciones propuestas.
En el estudio del ONC, Gasto Público en Seguridad 2019-2021, que presentamos este miércoles 10 de marzo, nos dimos a la tarea de entender cómo, cuánto, en qué y con qué resultados el gobierno federal usa los recursos públicos para combatir el delito.
En este documento identificamos que:
1. Como país gastamos una mínima parte del PIB en materia de seguridad y justicia, menos del 1% -particularmente si nos comparamos con el resto de los países de la OCDE que invierten 2, 3 o hasta 5 veces más que nosotros sin tener una crisis de seguridad equiparable a la nuestra- y que cada año gastamos menos.
2. Ese gasto tan acotado impide que el uso de los recursos públicos se transformen en una verdadera inversión.
3. Lejos de tener un enfoque de rendición de cuentas, las auditorías que se llevan a cabo para conocer la lógica de gasto, se enfocan en los “qué” y no es los “para qué” y menos aún en los “con qué resultado”. Son resúmenes que carecen de indicadores objetivos de desempeño y resultado, que prefieren las numeralias a los cambios en procesos o en las competencias de nuestras autoridades.
4. La participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad hace aún más difícil entender el desempeño presupuestal, bajo el argumento de la “seguridad nacional”, se reserva una parte importante de la información que ayudaría a entender en qué gastamos y con qué resultado.
5. El gasto se atomiza en un número importante de rubros -relacionado con los retos que el Estado mexicano tiene en materia de seguridad y justicia-, no obstante, pese a dicha multiplicidad de programas, sólo 6 reciben la mayor parte de los recursos.
6. El diagnóstico que la actual administración usó para construir planes, programas y gasto, carece de sustento, sobre simplifica aspectos relevantes del combate al delito y la conducta criminal, contiene contradicciones importantes entre las mismas políticas de seguridad y con otras políticas públicas. Además, los ejes estratégicos propuestos para combatir el delito no tienen correspondencia con la definición presupuestal.
Uno de los ejemplos más claros de las inconsistencias entre la narrativa gubernamental y el gasto, es el compromiso del actual gobierno por privilegiar la prevención del delito por encima de la reacción. Si en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) se enfatiza que el principal eje conductor de la política de seguridad es la prevención del delito, en los hechos, el gasto público en esta materia disminuyó del 0.20% del PIB en 2019 a 0.18% en 2021.
De forma similar sucede con la promesa de construir capacidades locales para prevenir y reaccionar al delito. Mientras que el gobierno federal desarrolló el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica -un excelente modelo, necesario para reconstruir desde la base a las policías municipales y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública-, por el otro, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 no incluyó algún recurso para el FORTASEG -el fondo que precisamente se destina a fortalecer las policías locales-. Es decir, por un lado el gobierne invierte en desarrollar un modelo que mejore el desempeño de nuestras policías, mientras que por el otro desaparece los recursos para que este se pueda implementar.
Otro aspecto relevante de las contradicciones se observa en que el gobierno federal ha insistido en una política de austeridad que privilegia un uso eficiente de recursos, sin que existan las condiciones para dar seguimiento al gasto público. En la mayor parte de los casos, se desconoce el desempeño de los programas presupuestarios en materia de seguridad pública por un limitado ejercicio del Programa Anual de Evaluación (PAE), así como por la falta de continuidad de los programas.
Según la ENSP, otra de las prioridades de esta administración es la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República.
Dicha transformación requiere de recursos cuantiosos si se considera que debe incluir la transformación de procesos, la profesionalización del personal, la renovación de insumos y tecnología, hasta los cambios de rotulación y papelería.
En contraste, para ello sólo se destinó un incremento presupuestal del 6% entre 2019 y 2020 y entre 2020 y 2021 permaneció sin variaciones. Dicho aumento marginal se contrapone a recortes significativos de los recursos para la formación profesional y desarrollo de capital humano (-82.3%), así como de los recursos destinados a la investigación de los delitos relacionados con la Delincuencia Organizada (-11.8%).
En otras palabras, se pretende transformar una institución que en el pasado ha demostrado importantes deficiencias, recortando en casi su totalidad el presupuesto para mejorar el desempeño del personal y reduciendo los recursos para combatir a la delincuencia organizada.
Estos errores también son observables en la conformación del gasto para la Guardia Nacional; si bien entre 2020 y 2021, el presupuesto aprobado para dicha institución pasó de 3,974 a 35,672 millones de pesos, la mayor parte de estos serán destinados a la construcción de cuarteles y no a mejorar capacidades y desempeño.
En resumen, mientras en nuestro país las instituciones de seguridad y justicia siguen siendo las menos confiables para los ciudadanos, mientras el 80% de los mexicanos se sienten inseguros y mientras la violencia sigue creciendo, seguimos con propuestas cada vez más acotados, que no son reconducibles a una verdadera estrategia de seguridad y que carecen de congruencia entre prioridades expresadas y recursos destinados.
Si hacemos un paralelismo con la metáfora inicial del puente, podemos concluir que los aldeanos no tienen claro qué puente necesitan construir y tampoco cuentan con el personal, la pericia ni los materiales suficientes para realizarlo, por lo que, si algo no cambia, dicha comunidad estará destinada a seguir en el territorio inhóspito que atenta contra las vidas y el desarrollo de toda la comunidad.
De la misma forma, aspiramos a un México seguro y justo sin contar con un plan claro y bien definido, sin los recursos humanos suficientes para llevarlo a cabo, sin la pericia requerida para ser exitosos, sin la tecnología, el instrumento y la infraestructura para romper con la actual escalada de violencia, que no tiene antecedentes en nuestra historia, y que de seguir así, llevará a éste a ser el sexenio más violento que podamos recordar.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
