El pasado viernes 10 se dio a conocer que el gobierno del presidente López autorizó a estados y municipios usar las aportaciones federales para la seguridad y justicia con el fin de atender los gastos extraordinarios en materia de salud, derivados de la actual pandemia por el COVID-19.
No cabe duda que gobernar es tarea difícil, aún con el apoyo popular, en un contexto de instituciones y finanzas sanas, un funcionario debe tener la capacidad de reconocer que los recursos siempre son limitados; que los esfuerzos -humanos, de tiempo, de dinero, de apoyo social- destinados a un tema, distraen de otros temas; que es frecuente que lo que prefiere la mayoría no es necesariamente lo que le conviene a un país; que en una democracia las minorías pueden llegar a pesar cuanto las mayorías y en las democracias modernas no pueden ser olvidadas; que toda decisión generará inconformidades y consecuencias de corto y largo plazo.
Por ello, es entendible que ante una crisis de salud y económica como es la actual, el gobierno federal busque usar los recursos que tiene, aún, cuando con ello desampare otro sector prioritario como es el de la seguridad.
La semana pasada escribí dos artículos en los que, en el primero, hacía un recuento de las advertencias que hemos hecho a este gobierno federal, que de haberse atendido hubieran podido mitigar la actual crisis de violencia y delincuencia; en el segundo señalé cómo varios factores actuales se estaban conjuntando para crear una tormenta perfecta que permitirían que delincuencia y violencia sigan creciendo.
Precisamente en este segundo artículo advertí que la crisis económica actual habría de dificultar que se garantizasen los recursos en materia de seguridad.
Debemos recordar que éstos ya se encuentran en el mínimo histórico -nunca en los últimos tres sexenios habíamos tenido tan poco dinero y tan inequitativamente distribuido como en 2019 y 2020- y que, donde se ha recortado más es donde más se necesitaría crecerlos: prevención del delito, procuración de justicia y aportaciones a estados y municipios.
Tras la publicación de este segundo artículo un funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se comunicó conmigo para en particular criticar cómo analizaba este tema dentro de mi artículo.
Dicho funcionario insistió que el gobierno federal ya había garantizado los recursos para la seguridad, que sería sumamente irresponsable de parte de cualquier gobierno no hacerlo, que los recursos eran intocables y que por lo tanto el escenario que planteaba en mi artículo estaba mal.
Tan sólo dos días después del reclamo que recibí de la autoridad federal, lo que -según el funcionario de la SSPC- nunca habría de suceder, sucedió: el gobierno
autorizó comparar insumos médicos con los fondos para la capacitación policial y la prevención del delito.
Pese a que el presidente y el secretario Durazo han insistido por meses que este gobierno logró frenar la violencia, los datos oficiales desmienten dicha afirmación, 2019 cerró como el peor año de la historia en homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo; segundo peor en extorsión; quinto peor en secuestro y robo con violencia y octavo peor en robo a transeúnte.
De igual manera, los datos de presidencia muestran que en particular el mes de marzo de este 2020 es el mes más violento de la historia y en los primeros nueve días de abril el número diario de homicidios sigue siendo igual al de marzo, 83.4 víctimas diarias, es decir, en los primeros días del mes se sumaron 751 víctimas de homicidio.
Ante una pandemia que según el propio gobierno alcanza a unas 26,500 personas, es entendible que se trate de obtener medicamentos e insumos con urgencia. Sin embargo, la lógica que guía la decisión de a qué tema recortar recursos, debería tener en cuenta el beneficio del país por encima de la terquedad de un gobierno.
Cabe precisamente preguntarnos ¿por qué López propone quitar recursos a la seguridad de los mexicanos cuando al mismo tiempo insiste en gastar en obras faraónicas de dudoso beneficio como son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía?
Si bien la pandemia no se podía prever hasta hace algunos meses, este gobierno debió mantener la ventaja que los ahorros mantenidos por los últimos cuatro gobiernos se generaron y el crecimiento económico le daban para enfrentar cualquier crisis.
En contraste, en su primer año de gobierno, López decidió llevar al país a una fuerte recesión económica, espantar la inversión nacional y extranjera, aumentar el desempleo, generar un desabasto en medicamentos, crecer la violencia, gastarse la mitad los ahorros del Fondo de Estabilización y poner en venta los activos del país, no debe por eso sorprender que hoy México no cuente con los fondos suficientes para atender con efectividad esta pandemia.
Pese a la reiterada evidencia que este gobierno tiene oídos sordos ante cualquier sugerencia o crítica, tengo la obligación de insistir que usar los fondos de seguridad para otra cosa es un error, dado que se está recortando a las áreas más sensibles para la seguridad de los mexicanos.
Debemos tener presente que la crisis económica actual habrá de agravarse en los próximos meses y, como ha sucedido en otras ocasiones que el país ha vivido crisis similares, ésta traerá un aumento en delitos.
Con el pasar de los días, los casos de contagio entre los integrantes de los cuerpos de seguridad seguirán creciendo, mermando el número de personal activo y generando una oportunidad para que los delincuentes actúen impunemente.
Además, debido a que no se destinaron los recursos suficientes a la construcción de la Guardia Nacional, estamos lejos de contar con el número de activos, protocolos de actuación, homologación de capacidades de sus integrantes y planes de formación, para que ésta pueda operar plenamente.
Dicho sea de paso, la creación de Guardia Nacional y extinguir la Policía Federal, también fueron errores que advertimos, crear una nueva institución es caro y tardado y si se pensaba formar una, era necesario contar con los recursos suficientes. Por otro lado, sí había una mejor opción, subsanar las deficiencias de la Policía Federal y mejorar sus funciones porque era más rápido, eficiente y eficaz.
López y su gobierno deben tomar la impopular decisión de aumentar impuestos, de crecer la deuda, de cancelar sus obras insignia, de corregir la serie de errores que por capricho o por quedar bien con su base, este gobierno ha tomado. Si en esta situación el presidente finalmente escucha, podrá generar la inversión necesaria para mitigar la crisis que pone en riesgo la gobernabilidad del país y la seguridad de las personas.
“Esto pasará”, dice la canción de la señora López ¡indudablemente pasará! Lo importante es que salgamos de esta crisis robustecidos como país, con mejores sistemas de salud, crecimiento económico, con un gobierno que escucha y sabe reconocer y corregir sus errores.
De lo contrario saldremos como un país empobrecido, con miles de muertos, con una crisis de violencia que sigue empeorando, aunque haya construido su refinería, su tren o su aeropuerto. El gobierno ya lo sabe, ojalá y esta vez sí escuche y actúe.
@frarivasCoL
