Este año tendremos las elecciones más grandes de nuestra historia reciente. El próximo 6 de junio los mexicanos estamos llamados a renovar los 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y las presidencias municipales y alcaldías en 30 entidades federativas.
Las elecciones se llevan a cabo en medio de la peor crisis sanitaria que hayamos vivido en siglos -nuestros gobernantes deberán enfrentar las consecuencias de 200 mil personas fallecidas por COVID 19 y el caos que ha significado la respectiva vacunación, la falta de regulares vacunas para los niños, de tratamientos para cáncer y contra el VIH-SIDA, entre otros graves problemas-; una profunda crisis económica que llevó a que el país no tuviese crecimiento en 2019 y decreciese en un 8.5% en 2021, la relativa crisis de desempleo o empleo mal remunerado; la peor crisis de violencia del México moderno; la cada vez mayor diversificación y especialización de delitos que se cometen; un gasto público que se desvía a proyectos destinados al fracaso y un ambiente donde las reformas normativas y la definición de políticas públicas se someten a la voluntad del presidente.
Ante un escenario tan complejo cabe preguntarnos cuál debería ser el perfil de los candidatos a legislador, gobernador o alcalde para resolver, o por lo menos sortear, exitosamente los graves problemas que vivimos como sociedad.
La ley define como requisitos para ser candidato a uno de estos cargos la nacionalidad, el lugar de nacimiento o residencia, la edad, no estar restringido en los derechos civiles por ser un recluso, no ser al momento de la candidatura militar, ministro de culto o titular de algún otro poder del Estado u órgano autónomo. En contraste no pone limitantes por escolaridad, formación o experiencia.
Existe una vasta literatura sobre el perfil de los tomadores de decisiones de lo público, desde los clásicos a los modernos que nos hablan de la visión que debe tener el líder, su capacidad de sumar y emocionar, su ética y habilidades, como su autonomía, independencia y disposición al sacrificio.
Un sacrificio que incluye el de tomar decisiones difíciles que pueden ser impopulares pero necesarias para atender los problemas que aquejan a una comunidad.
Sin embargo, la realidad que vivimos nos muestra que entre lo ideal y lo real hay un enorme brecha.
En este sentido en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos preocupa qué piensa hacer cada candidato y cómo pretende resolver cada uno de estos embrollos en los que los ciudadanos vivimos, más allá de quién habrá de ocupar tal o cual cargo.
Por ello, el 15 de mayo estaremos presentando los resultados de los cuestionarios que elaboramos en el ONC para conocer el diagnóstico, la propuesta específica y la visión de cómo entregarán la entidad o el municipio los candidatos a las 15 gubernaturas y a las 20 principales áreas metropolitanas del país.
El instrumento piensa ayudar a reflexionar al candidato y dar luz a los votantes en los pasos que habrán de seguir gobernadores y alcaldes con un presupuesto finito, acotado, insuficiente, en el contexto específico de las entidades y municipios.
Por ejemplo, en casos como el de la corrupción policial -donde es fácil y políticamente redituable prometer limpias ejemplares- ¿cómo van a resolver los futuros gobernadores y alcaldes las deficiencias para investigar la corrupción policial? ¿Van a crecer las áreas de asuntos internos? ¿Con qué dinero, con qué tecnología, con qué personal? ¿Cómo van a garantizar la autonomía e independencia necesaria de quienes van a llevar a cabo la investigación y de paso no se violen injustamente los derechos de los buenos policías?
Una vez que se detecten actos de corrupción ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Se piensan romper pactos criminales y políticos? De ser así ¿Cómo piensan prevenir represalias y evitar un aumento de la violencia? Si dan de baja a policías ¿Qiénes los van a sustituir? ¿Contemplaron un plan de reclutamiento, quién los va a formar, por cuánto tiempo y cómo? Sobre todo si recordamos que el gobierno federal desapareció el principal programa de formación policial para municipios y recortó los fondos para las entidades.
En 2018 cuando llevamos a cabo este ejercicio con los candidatos presidenciales y a las 9 gubernaturas el resultado fue por demás lamentable: de los 54 candidatos 10 no respondieron y 11 no pudieron completar el cuestionario, 7 fueron suficientemente aceptables pero sólo 3 contaron con la completud, claridad y coherencia para considerarse una verdadera estrategia, el del actual gobernador Alfaro de Jalisco y de los candidatos a la presidencia Meade y Anaya.
Dicho sea de paso, el presidente López entregó uno de los cuestionarios más incompletos y con la mayor cantidad de contradicciones, sobre simplificaciones e incoherencias.
El ejercicio, denominado por un México Seguro, también incluirá un ejercicio con los gobernantes salientes acerca de sus resultados y diagnósticos y los gobernadores que se encuentran en el primer tercio de su mandato, para entender qué tanto han logrado avanzar más allá de los datos duros de incidencia delictiva.
En un momento donde los memes y la opinión pública critica que un cantante, un deportista o un presentador televisivo busquen gobernar o legislar es mucho más relevante que los mexicanos nos preocupemos por conocer las ideas y las propuestas específicas y viables de aquellos a los que habremos de darle nuestro voto.
El país pasa por una profunda crisis, 2019 y 2020 han sido los años más violentos de la historia y si la actual pandemia ayudó a frenar por un periodo el crecimiento de los delitos comunes, va a poner mayor presión en las causas que hacen que nuestro país tenga una grave crisis de seguridad.
Precisamente, dados los negros resultados de la economía, es muy probable que veamos crecer aún más los delitos y la violencia en este 2021 y en los próximos años, porque en contraste, el gobierno federal carece de plan, visión, pasos estratégicos y recursos en esta materia.
@frarivasCoL
