El pasado 10 de mayo, supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación atacaron y persiguieron a elementos del Ejército en Nueva Italia, Michoacán.
El hecho se viralizó en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes mostraron cómo los militares escapaban de los presuntos criminales bajo una lluvia de disparos.
Cuestionado por los hechos, el presidente López calificó de “actitud responsable” el repliegue de las fuerzas armadas, dado que en otras administraciones un hecho similar hubiese generado una confrontación entre militares y civiles y en esta administración se cuida la vida tanto de los soldados, como de los integrantes de las bandas “que también son seres humanos”.
México pasa por la peor crisis de violencia, de impunidad y corrupción de las últimas décadas; parte de esta crisis se debe al innegable debilitamiento institucional -el hecho de Nueva Italia, donde las fuerzas federales son rebasadas por la delincuencia, es uno más de los tantos hechos similares ocurridos en esta administración-.
Si queremos que algún día en nuestro país exista un sólido Estado de Derecho, donde las instituciones estén al servicio del bienestar de los mexicanos, es necesario analizar con detalle (1) qué fallas se sucedieron en la actuación de las fuerzas armadas; (2) cuál debía ser la respuesta institucional ante deficiencias y presuntos errores; (3) cómo entender el mensaje del presidente y (4) cuáles las implicaciones futuras de un ejército que huye frente a la delincuencia y un presidente que lo justifica.
(1) Es indudable que las fuerzas armadas se vieron avasalladas ante la respuesta violenta de los criminales. Su retirada manda un pésimo mensaje acerca de las capacidades del Ejercito, de la estrategia federal y de qué tanto podemos sentirnos seguros los mexicanos que el Estado cuenta con la capacidad de defendernos.
Tal fracaso nos lleva a cuestionar la estrategia de desplazamientos de las fuerzas federales en el país -particularmente en las zonas de alta penetración de delincuencia organizada-; el nivel de conocimiento de los protocolos de actuación, táctica, uso de la fuerza, de las fuerzas federales; el nivel real de colaboración interinstitucional y la posibilidad que respondan como un cuerpo único, ante una grave confrontación armada; y si nuestras autoridades cuentan con el equipamiento suficiente para repeler un ataque de los criminales
(2) Pese a la trascendencia de este acto, hasta el momento no ha habido una propuesta por investigar los hechos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lo esperado sería que a la fecha estuviese en marcha todo un aparato para esclarecer los hechos, entender qué falló y qué se debe corregir. Nada hace suponer que algo de todo ello sucederá.
(3) A nadie debe sorprender que el presidente, cuestionado por este caso, desconozca errores, minimice el hecho y aproveche cualquier ocasión para culpar al pasado.
40 meses después del inicio de su administración López se ha sostenido en que “su estrategia” -suponiendo que ésta existiese- funciona y que no hay error en su ejecución.
Ni las más de 117,000 víctimas de homicidio doloso, ni las más de 58,000 personas desaparecidas en lo que va de su sexenio, han logrado que López admita alguna deficiencia, haga cambios o tan sólo se centre en los derechos de las víctimas.
La respuesta del presidente ante lo ocurrido en nueva Italia es más de lo mismo, el presidente no admite fallas.
Sin embargo, es importante aclarar que cuando el presidente afirma que es tarea de su gobierno proteger la vida de todos, hasta de los delincuentes, está en lo correcto: es tarea sustantiva del Estado impulsar un desempeño institucional en estricto apego a las normas jurídicas para que a ninguna persona le sean violados sus derechos.
Lamentablemente sus declaraciones no se acompañan de hechos. En lo que va de esta administración federal hemos tenido la mayor cantidad de casos probados de tortura, desapariciones forzadas, fabricación de culpables, abusos de autoridad, tráfico de influencias por parte de las fuerzas federales y de la Fiscalía General de la República.
Ante todo ello, el gobierno de López ni ha condenado, ni ha removido, ni ha impulsado investigaciones. Los personajes corruptos de este gobierno -como el fiscal general de la República- se mantienen en la absoluta impunidad.
¡Sería difícil que no fuese así! El primero en violar los derechos de comunidades, ciudadanos, periodistas, empresas, normas y tratados internacionales, es precisamente el presidente.
Cada mañana López desinforma, acusa, comparte datos personales, comete delitos electorales, en el más claro desprecio por la ley y la más soberana impunidad.
(4) Ante la evidencia en video de un fracaso más de las fuerzas federales, la indignación y las críticas nacionales e internacionales, debería haber un viraje en la supuesta estrategia de seguridad. A estas alturas, podemos estar seguros que tras este hecho o alguno más que llegue a suceder, nada cambiará, nada mejorará.
En un par de semanas los mexicanos habremos de elegir gobernador en 6 entidades, si tomamos como ejemplo lo ocurrido en las pasadas elecciones, podemos afirmar que de nuevo la delincuencia organizada operará políticamente y lo hará en favor del presidente.
En 2021 comunidades enteras de Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas vivieron las amenazas de los cárteles y se vieron obligadas a votar por Morena, ante la absoluta pasividad de las fuerzas federales y de la FGR. Ante la violencia, narcobloqueos y secuestros por parte de los criminales, las fuerzas federales dejaron de actuar, de proteger a los ciudadanos y garantizar elecciones libres y limpias.
De tal suerte que lo más probable es que el lamentable caso de Nueva Italia se repita, que nadie aprenda algo de él, que tampoco se intente mejorar el desempeño institucional y que, al declararse defensor de los criminales, López refrende su compromiso con estos de dejarlos operar en la absoluta impunidad, sin proteger a las víctimas del delito, las instituciones o tan siquiera, la democracia de nuestro país.
@frarivasCoL
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