En últimos días se ha incrementado la discusión desde diversos ámbitos, legislativos, académicos, periodísticos, de actores e instituciones políticas, entre otros, en torno a la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo Federal que reconfiguraría nuestro sistema político electoral.
Sin entrar en el análisis de cada una de las propuestas presentadas, quiero referirme a un tema que me parece debe ser analizado con todo detenimiento, me refiero a la propuesta de elegir a las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de voto popular. Aunque la propuesta incluye también otras figuras de gran relevancia como el de las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estas figuras que son las más importantes del INE, y de acuerdo con la normativa vigente, son designados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputadas y Diputados bajo un procedimiento abierto a la ciudadanía que, cumpliendo los requisitos legales, se inscriben para participar en una serie de etapas que incluyen, entre otros aspectos, la presentación de exámenes, la elaboración de un ensayo relacionado con la materia electoral, así como la acreditación de entrevistas que se traduce en que, los perfiles más idóneos, son analizados y a través de consensos de las distintas fuerzas políticas conforman de manera escalonada las consejeras y consejeros que se integran a un órgano colegiado denominado Consejo General, máximo órgano de dirección de la Institución y cuyas decisiones y acuerdos conducen el quehacer institucional de nuestra máxima autoridad electoral.
Este mecanismo en mi opinión ha funcionado hasta el momento, así lo demuestran los resultados de las elecciones 2015, 2018 y 2021 que ha organizado el INE, desde la reforma de 2014 y que, además, estamos a menos de un año en que de inicio de manera formal los preparativos para la organización del proceso electoral 2023-2024.
Si bien existen aspectos que podrían fortalecerse en la designación de las consejerías electorales, la propuesta de que sean electos por voto universal podría traer varias consecuencias contrarias para una institución democrática. Aquí apunto algunas:
· Que estas figuras sean electas podría derivar en la posibilidad de generar un espacio para que las y los candidatos propuestos a las consejerías sean conocidas por la ciudadanía, es decir, algo así como un periodo de campaña lo que podría implicar la participación de actores políticos sin reglamentación alguna, por decir lo menos.
· Elegir a estas figuras podría abrir la coyuntura de que la población simpatice más por quien pueda estar mejor posicionado y no por quien tenga el mejor perfil profesional para ocupar tan relevante cargo.
· Este mecanismo sería la primera vez que se instrumentaría en México e implicaría, invariablemente, una serie de costos que no se tienen considerados hasta el
momento lo que va en sentido contrario con un esquema de austeridad presupuestal en el que se ha insistido.
· Este mecanismo podría negar el consenso por parte del Legislativo, de los perfiles más aptos para dichos cargos lo que podría traer como consecuencia un costo importante en la curva de aprendizaje.
Al respecto la Comisión Europea para la Democracia a través de Derecho (Comisión de Venecia), determinó que “El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros del INEC y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral….”.
Ahora bien, entendiendo que el Legislativo tendrá la última palabra, esta propuesta debe ser analizada con detenimiento a la luz de preservar los mejores perfiles de hombres y mujeres que han mostrado profesionalismo y óptimos resultados y , en su caso, quienes sean designados para completar la institución electoral cumplan con los altos estándares que nuestro sistema democrático exige.
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