Para un gobierno que dice representar un movimiento de honestidad, en donde se ha reiterado una y otra vez que “nada se hará a las espaldas del pueblo”, el blindar información sobre posibles usos irregulares de los recursos de la nación para apoyar propuestas oficialistas, como lo fue la consulta popular de revocación de mandato, parece una incongruencia.
Así, más cercano a la secrecía y opacidad con la que se condujeron los gobiernos neoliberales del pasado, que a un proyecto de pretendida avanzada que promulga el combate a la corrupción vía el acceso a la información y la transparencia, es como se vienen encubriendo las acciones oficiales argumentando las más variadas razones.
Y si bien es una realidad que el crecimiento en presencia y poder del crimen organizado no debe ser minimizado, por lo que hacer del conocimiento público información sensible de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad del Estado, puede poner en riesgo sus operativos, y puede comprometer la integridad de sus instalaciones, equipos y efectivos, lo único que interesaba conocer era la finalidad de un viaje y no sus detalles técnicos y logísticos. Al tratarse de una bitácora de vuelo de una aeronave asignada a la Guardia Nacional, se pueden argumentar razones de seguridad estratégica.
Sin embargo, como señalan los especialistas consultados por este diario, el evento que se pretende indagar constituye uno aislado, no repetitivo ni estandarizado dentro de una rutina militar, por lo que la información que se extraiga de él no permitiría conocer patrones de actuación ni revelaría posibles posiciones del personal y sus equipos que pudieran anticiparse de manera calendarizada.
Este caso se suma a otros que representan un retroceso en el tema de transparencia. Con este tipo de restricciones para conocer la finalidad de un viaje con intenciones políticas —no de seguridad o de combate al crimen—, y en el que de entrada hay una visible contradicción con el precepto presidencial de hacer sus desplazamientos por el país y fuera de éste en vuelos comerciales, solo se abona en favor de la opacidad y de la suspicacia hacia actos de funcionarios y miembros del partido oficial que estarían realizándose fuera de la legalidad o de los que no habría gran diferencia con las prácticas de los regímenes neoliberales pasados.