Ahora que el proyecto del Tren Maya es una de las obras insignia de la autodenominada Cuarta Transformación, el gobierno actual busca efectuar cambios radicales en el sector del transporte ferroviario, que le posibiliten tomar el control sobre éste, luego del desmantelamiento paulatino que había experimentado el sistema desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en el que se promovió su privatización aduciendo entonces su baja rentabilidad que había vuelto una carga financiera al otrora esencial transporte.

Ahora, la administración del presidente López Obrador asegura que hay una importante demanda no atendida de este transporte, tanto en su modalidad de carga como en la de pasajeros. En su apuesta, el gobierno afirma que hasta un 40% del movimiento de carga terrestre nacional podría hacerse a bordo de trenes y que en el transcurso de una década, hasta 1,200 millones de personas podrían movilizarse por ese medio. Para ello, sería necesario rehabilitar más de 3,500 kilómetros de vías férreas que se encuentran en desuso y retomar el manejo de otros más de 17 mil kilómetros concesionados a nueve empresas privadas, en algunos casos todavía con algún grado de participación federal o estatal.

El gobierno argumenta que algunos de los actuales concesionarios han estructurado redes de aprovechamiento de las vías a su cargo en los que intencionalmente han dejado de darles mantenimiento a algunos tramos, contraviniendo así acuerdos contenidos como parte de la concesión, a la vez que dejan sin servicio a comunidades o empresas específicas, por lo que se ha hecho urgente que el Estado vuelva a tomar control del sector ferroviario.

Es necesario recordar que el ferrocarrilero es uno de los transportes más golpeados por la delincuencia y los saqueos multitudinarios, así como el uso que hacen de él los migrantes para trasladarse, sin representar ingreso alguno y por el contrario, con costos por daños a los vagones o robo o maltrato de mercancías, por lo que también se requiere poner orden en este sentido.

Es plausible que el poder federal tenga un plan rector para los ferrocarriles, un sector de amplio dinamismo y sinónimo de modernidad y que ha encontrado su propio nicho de mercado en Japón, China y Europa, pero que ha sido muy descuidado aquí. Sin embargo, el gobierno debe tener claro que no puede realizar las transformaciones solo, requiere el apoyo e inversión de la iniciativa privada si lo que pretende es recuperar el terreno perdido ante otros medios de transporte más eficientes y rápidos, para volverse realmente competitivo y rentable.

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