Seis años han transcurrido desde la ejecución colectiva de criminales en Tanhuato, Michoacán, y apenas la FGR actuará contra quienes resulten responsables de haber ordenado o participado en el operativo que resultó en la muerte de 42 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a mediados de la administración anterior.
En ese entonces, la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS) emitió lo que resultó una sospechosa narrativa oficial de los hechos y que destacaba por la evidente desproporción en el saldo de bajas en cada bando (42 muertos del lado agresor y solo uno por parte de la Policía Federal) tras la irrupción en el Rancho del Sol y el enfrentamiento contra civiles armados en mayo de 2015, que incluyó el uso de un helicóptero artillado que disparó indiscriminadamente sobre presuntos delincuentes.
En una investigación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó más de un año después, se revelaron, entre otras cosas, que no se había tratado de un enfrentamiento o persecución como se afirmó en un inicio, sino un asalto planeado y orquestado contra una base de operaciones clandestina del CJNG.
Según acusó la CNDH, ese día se sembraron armas, se manipuló evidencia y se emitieron falsos testimonios, constituyendo todo un catálogo de procedimientos ilegales de trato a delincuentes, en los que lo más lamentable es que también implicaron torturas y ejecuciones arbitrarias contra detenidos.
El organismo explicó que en Tanhuato no se aplicaron los protocolos de actuación contra crimen organizado, pues se constató que hubo rendiciones de delincuentes que terminaron en ejecuciones, lo que convierte a los oficiales involucrados en algo muy similar a lo que supuestamente trataron de combatir.
Cierto es que las fuerzas del orden también son objeto de emboscadas y que en muchas resulta palpable la desproporción entre el armamento y protecciones que portan, contra los que emplean los grupos delincuenciales, pero en Tanhuato hubo uso desproporcionado de la fuerza y no respuesta a ataques o uso racional de la fuerza.
A emblemáticos seis años de esa masacre, el llamado es a no dejar seguir pasando el tiempo y sí a dar respuestas satisfactorias y apegadas lo más posible a lo que en realidad sucedió, así como castigo a los responsables, pero también revisión y análisis de las condiciones de trabajo y seguridad de las fuerzas públicas para evitar que haya más Tanhuatos.