Pese a los reiterados llamados del INE al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de emitir opiniones, tomar bando, relacionar a su partido político con los logros de su gobierno o denostar a las autoridades electorales sin presentar pruebas, el tema de las elecciones venideras ha estado presente en 40 de 42 de sus conferencias mañaneras durante el periodo de campañas y de la supuesta veda que pesa sobre él y los demás miembros del gobierno.
Y aunque el propio presidente pide a los reporteros no lo lleven a opinar sobre partidos políticos, candidatos o temas electorales, es lamentable que la figura que debió ser un garante de la convivencia democrática se haya convertido en este proceso electoral en un factor que trató de inclinar la balanza hacia su lado.
En la más polémica de sus intervenciones sobre el asunto, “no poderse quedar callado ante el fraude”, fue como el mandatario justificó su derecho a intervenir en la contienda electoral.
Los actos del Ejecutivo parecen apuntar a que muchos resultados terminarán dirimiéndose en tribunales, tanto los que resulten contrarios para el partido en el gobierno como en aquellos en los que la oposición esté en desventaja, debido a que ambos tendrían argumentos para iniciar procesos de ese tipo, especialmente en donde la diferencia entre primero y segundo lugares sea mínima.
El periodo preelectoral entra así en una recta final de inusitada complejidad, donde además de la serie de acusaciones y descalificaciones entre los distintos actores políticos, se suma una creciente violencia que, como advierten expertos en derecho electoral, podría llevar a la anulación en automático de la elección si excede del 20% la cantidad de casillas que se vean imposibilitadas de instalarse en el país por cuestiones de seguridad.
Anticipar fraude y hacer acusaciones de corrupción sin presentar pruebas que lo constaten son actos que atentan contra la realización de unos comicios confiables y sin tropiezos, por lo que existe el riesgo de que mucho del proceso electoral termine en el tribunal, y que sea causa de nulidad para buena parte de los comicios.
Ello llevaría a un resquebrajamiento de la democracia, al desanimar al electorado al dejarle la percepción de que su visita a las urnas fue solo un esfuerzo inútil y que simplemente su voto ya no cuenta ni tiene peso alguno.
Por eso si un cúmulo de elecciones se resuelve finalmente en los tribunales, podría ser un aliciente para que el elector considere que su voto tiene poca importancia y comience a alejarse de las urnas. Y eso simplemente no hay que propiciarlo.