Ni siquiera una disculpa pública han recibido los familiares de la activista Marisela Escobedo Ortiz a 10 años de su asesinato. Una década en la que incluso sus familiares tuvieron que dejar el país por las amenazas que recibieron en su exigencia de justicia, lapso tras el cual tanto la Secretaría de Gobernación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han decidido tomar cartas en el asunto y analizar la negligencia del anterior gobierno de Chihuahua por el manejo del caso, la obstaculización que éste dio al desarrollo de las investigaciones y hasta por una probable fabricación de culpables.
Según la entrevista sostenida con este diario, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señala que se estudia reabrir la acusación contra el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su responsabilidad en la omisión de justicia en el caso de Marisela Escobedo, luego de reclamos de activistas sociales, colectivos feministas e incluso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que demandan el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño para los deudos de Escobedo y otras tres víctimas.
El de Marisela Escobedo, activista que a su vez exigía justicia para su hija Rubí Fraire, también asesinada, es por sus particulares características un doble caso emblemático de falta de justicia y de impunidad, acentuada todavía más por el hecho de haberse suscitado justamente afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Su caso sirve de referencia para decir sin temor al error que, pese al cambio de rumbo federal y una pretendida transformación del país en proceso, muy pocas cosas han cambiado en México para proteger a las mujeres, como lo indica la académica española Sonia Herrera, especialista en asuntos de género, también entrevistada por EL UNIVERSAL, que deplora que la perspectiva de género o feminista siga brillando en México por su ausencia.
Para ella, la orientación política del gobierno en turno no ha abonado para la equidad ni el fin de la impunidad contra la mujer, sino solo para dar continuidad al machismo del poder, pues como dice “no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas”.
Diez años en los que pese al cambio de gobierno, la violencia contra las mujeres no cesa sino que por el contrario se agrava, en especial para aquellas que reclaman justicia y fin a la impunidad. Una década sin justicia que exige esclarecimiento de hechos y transparencia en la impartición de justicia.
