Uno de los rubros más golpeados en la reducción presupuestaria fue el de los organismos autónomos, lo que resulta preocupante toda vez que éstos fungen como contrapesos a la actividad y las decisiones gubernamentales. De las voces que se han levantado para cuestionar los ajustes en el presupuesto, se refiere que el recorte necesariamente redundará en un debilitamiento institucional como contrapunto al fortalecimiento de los programas sociales que, más allá del beneficio a sus destinatarios, muchos coinciden en ver sólo una finalidad clientelar hacia la actual administración, en la que señalan no se ha privilegiado la inversión productiva y no se atiende lo prioritario de la nación en relación con su crecimiento y estabilidad económica.
Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) se advirtió que ha entrado en zona de riesgo el ente encargado de organizar elecciones y dar legitimidad a las votaciones, así como de administrar el padrón de votantes en las 32 entidades federativas que componen a la República Mexicana, e incluso más allá de nuestra fronteras. Con una disminución de poco más de mil millones de pesos en el presupuesto operativo que la Federación le ha asignado para 2020, el instituto se enfrenta al recorte más grave que ha tenido en sus 29 años de existencia, desde su creación como IFE en 1990. En este sentido, hay que tomar con seriedad el reclamo del dirigente del INE, Lorenzo Córdova, quien asegura que no sólo se busca vulnerar la viabilidad financiera del organismo, sino que se intenta además tomar el control político de la autoridad electoral a través de una serie de propuestas de reforma que ya se analizan en los órganos legislativos, y que de aprobarse, le restarían fortaleza e imparcialidad.
No obstante, desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, se asegura que el recorte presupuestal de ningún modo pone en riesgo la democracia y que tan sólo se va a gastar menos en elecciones y en arreglar diferendos ante los tribunales.
Si bien es de elogiar el ahorro y que se eliminen los dispendios para destinar esos recursos sobre todo a programas sociales, preocupan, no obstante, dos cuestiones: 1) que el recorte siga sin ir acompañado de una reducción al gasto de los partidos políticos que siguen desperdiciando recursos, ajuste que el propio Presidente ha propuesto y que sigue sin entrar a la realidad de los hechos; y 2) lo preocupante que la asignación de fondos a los programas sociales siga efectuándose a través de mecanismos poco transparentes y poco rigurosos, uno de los cuales es el de los denominados Servidores de la Nación, que parece actuar bajo ninguna regulación, control o rendición de cuentas. ¿Tapar un hoyo abriendo otro?
