Entidades autónomas en jaque

Darío Ibarra

Diversas entidades públicas autónomas se encuentran en la mira de la llamada 4T. Algunos organismos autónomos corren el riesgo de desaparecer en ánimo de reducir el gasto del sector público y, desde la perspectiva del Gobierno Federal, evitar duplicidad de funciones. De manera casi inmediata, como ocurrió con gran cantidad de fideicomisos, podrían desaparecer diversos órganos autónomos creados por decreto, aquellos que tienen su origen en la constitución tendrían que pasar por una modificación en la carta magna para poderse extinguir. La decisión de acabar con estas entidades podría tener grandes impactos en la economía, la protección de derechos humanos y el acceso a la información, entre otros aspectos. Por ello, es importante evaluar el desempeño de dichas entidades para determinar si los beneficios son mayores que los costos. Si así ocurre, será pertinente mantenerlos, si no, la sociedad podría estar mejor con su desaparición.

Diversos órganos autónomos tienen total y absoluta razón de ser. Pocos cuestionarían la pertinencia de tener un Banco Central autónomo, una entidad encargada de generar datos estadísticos, como el INEGI y de observar el respeto a los Derechos Humanos, entre otros. En algunos casos está fuera de toda discusión, o debería estarlo, la pertinencia de conservarlos y preservar su autonomía; pero en otros, el principal problema es el distanciamiento con el común de los ciudadanos, que simplemente desconoce la existencia o utilidad de dichos organismos, donde además en algunos casos, los sueldos llegan a niveles de auténtico escándalo.

En el caso de las telecomunicaciones, en algunos casos se ha atribuido al Ifetel que los precios de dichos servicios se hayan reducido además de tener una mayor cantidad de empresas compitiendo en el mercado de las comunicaciones. Puede ser que así sea. Pero también puede ser que el cambio tecnológico, por sí mismo, así como la apertura económica y en su momento el TLCAN, hoy el T-mec, sean los verdaderos responsables del incremento en la competencia y la baja en precios. El órgano regulador tiene que demostrar su participación en el hecho de que el consumidor final tiene mayor bienestar.

El acceso a la información podría estar teniendo un impacto no sólo económico, sino político y social. Ahora los ciudadanos ordinarios pueden solicitar información relevante a diversas instituciones que funcionan con recursos públicos. Pero al mismo tiempo ha provocado que se deban crear departamentos enteros para atender solicitudes de información que pueden ser de gran importancia como para resolver la tarea de algún estudiante o bien hacer el trabajo correspondiente a algún consultor. Con todo, que las entidades públicas tengan la obligación de entregar cierta información no es algo menor, pues ayuda al empoderamiento de la población y crea incentivos para reducir la corrupción.

El sector energético es otro que podría cambiar dramáticamente. El argumento que sostiene que los órganos reguladores no eran neutrales y que regulaban a favor del sector privado podría leerse de otro modo: con el nuevo Gobierno, ahora la regulación es a favor de los entes públicos. En gran medida la controversia se encuentra entre la preponderancia de empresas privadas o públicas. Aquellos que han hecho del mercado poco menos que su dios, coinciden en que los mercados son más eficientes y producen mejor y más barato. Pero esa es una visión que se contrapone a otra que está a favor de la empresa pública. Existe evidencia tanto nacional como internacional para apoyar ambas visiones.

Los órganos autónomos cuestan. Eso es un hecho. Probablemente su principal problema es haberse alejado del ciudadano común y no haberle hecho saber, y entender, la importancia de las actividades que realizan. Por lo anterior es que se deben defender y demostrar que los beneficios jurídicos, sociales o económicos que generan a la sociedad superan con creces sus costos. De no hacerlo, es altamente probable que pronto desaparezcan. No se deben borrar de un “plumazo”, conviene evaluarlos y dejar los que generan beneficios sociales y desaparecer aquellos que implican un costo.

***

Sigue creciendo el número de contagios y de defunciones provocados por el virus que ha postrado al mundo entero. Esto provocó que se volvieran a suspender muchas actividades económicas. A la crisis de salud siguió, casi inmediatamente, una crisis económica de dimensiones colosales. La evidencia internacional muestra que más temprano que tarde el virus llega a los lugares más remotos y lugares que antes eran ejemplo de contención de casas, ahora son focos rojos. Por lo tanto, es tiempo de tomar partido. Dado que los contagios son inevitables, podemos rescatar a la economía. La población debe asumir su responsabilidad y salir a buscar su sustento diario con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, para así poder reactivar la economía. Las empresas deben hacer su parte innovando sus modelos de negocio. Así, se podrá reducir el impacto económico de la pandemia.

 

Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón, UNAM.
TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios