El Sistema Eléctrico Nacional enfrenta una situación crítica, que ha provocado interrupciones cada vez más frecuentes en el suministro de energía en más de la mitad del país. Ello afecta la vida de cientos de miles de personas, y pone en riesgo la viabilidad de prácticamente todas las actividades.
Los recientes “apagones” son consecuencia directa de la política energética de la actual administración. Entre otras causas: falta de inversión para renovar infraestructura, priorizar fuentes menos eficientes en la generación, aversión a la inversión privada para el desarrollo de la industria –particularmente de energías limpias– y planeación ineficaz para atender los cambios en la demanda.
Amparado en la supuesta defensa de la “soberanía energética”, el oficialismo se ha empeñado en revivir artificialmente un modelo estatista anacrónico e ineficiente, que desde hace varias décadas demostró su insuficiencia y limitaciones para satisfacer las necesidades de nuestro país.
En cambio, el modelo liberalizador, que abrió la participación del sector privado en la generación y comercialización de electricidad está respaldado por sus resultados positivos: amplió la oferta de energía, redujo los costos de producción, favoreció mecanismos como la generación distribuida e incluso aceleró nuestra transición energética. Todo en beneficio de los usuarios.
Si ese enfoque es más conveniente para México, para la industria, para los ciudadanos y hasta para el medio ambiente, ¿por qué sigue siendo políticamente costoso defenderlo? ¿Y por qué es tan rentable apelar a la supuesta “soberanía energética” cuando se pretende revertirlo?
Es cierto que la energía eléctrica es un asunto de interés nacional. Sin embargo, el problema es asumir que la soberanía es sinónimo de un monopolio estatal. México no va a ser más soberano por tener un sector público con control absoluto de la industria, ni con la participación mayoritaria en sus procesos. México será más soberano si se garantiza, con participación pública y privada, la capacidad de satisfacer plenamente la demanda de electricidad necesaria, tanto para el consumo de la población como para impulsar el desarrollo económico nacional.
La Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, hasta hace unos años era una empresa verdaderamente productiva y competitiva. Tiene todas las condiciones para volver a serlo: infraestructura nacional, capacidad técnica y una enorme experiencia acumulada. El problema es que el gobierno actual comenzó a administrarla con base en criterios ideológicos, no pragmáticos, técnicos o financieros.
Más allá de las valoraciones políticas, la única forma de satisfacer las necesidades de nuestro país en materia de energía eléctrica es sumando al sector privado en su generación. A nivel técnico esta es la solución más conveniente en lo social y más eficiente en lo económico, incluso para asegurar derechos fundamentales. Pero es un tema que aún no cuenta con el respaldo popular mayoritario, en el que políticos con visión de corto plazo explotan una perversión del verdadero patriotismo.
Hace tres décadas tampoco había un consenso social sobre el libre comercio. Hoy sus beneficios son tan patentes que es algo que damos por hecho, y ni siquiera el oficialismo más radical se atreve a cuestionarlo seriamente. Algo similar debe pasar con nuestra industria eléctrica, porque ya hemos perdido muchos años en falsos debates. Es momento de abandonar las fobias políticas del pasado para concentrarnos en las ventajas tangibles hacia el futuro. Dar este paso es una corresponsabilidad del sector público, del sector privado, pero también del sector social y de la ciudadanía.
Senadora de la República
