El pasado 27 de abril, Ángel Yael Rangel, de 19 años, Edith Alejandra, de 22 años, y Eduardo Ramírez, de 19 años, fueron atacados por la Guardia Nacional. Un comunicado de la Guardia Nacional relata que elementos se encontraban realizado “reconocimientos disuasivos” en Irapuato, Gto. El personal observó dos vehículos estacionados en una terracería. Al ver a los elementos de la Guardia, los vehículos decidieron retirarse del lugar. Esto, “provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros” de la institución y llevó a que un elemento descendiera del vehículo y disparara en contra de las camionetas que se retiraba. Ángel murió de un tiro en la cabeza y Alejandra resulto herida. Solo Eduardo salió ileso.
Un elemento de la Guardia (en realidad un Policía Militar adscrito a la institución) fue detenido. Sin embargo, poco después quedó en libertad. En un comunicado de la Universidad de Guanajuato , se afirma que la Fiscalía General de la República acusó al elemento de la Guardia Nacional de tentativa de homicidio, a pesar de que Ángel había sido asesinado. Esto ocasionó la protesta de miles de estudiantes y familiares en Guanajuato quienes pedían justicia por el asesinato del Estudiante. “Ángel no murió, la Guardia lo mató”, gritaban los manifestantes.
El 6 de mayo se informó sobre la detención de otro elemento de la Guardia, esta vez un miembro de la Marina . Esta segunda persona fue vinculada a proceso por el delito de homicidio y lesiones calificadas. Aunque las pruebas demostraron que la bala de otro militar quedó incrustada en la bocina del carro, nadie más fue detenido o vinculado a proceso. Según notas periodísticas, “fue una bala 7.62 la que se dividió en dos y lesionó a Edith Alejandra en el hombro derecho y a Yael en el cráneo”. Una búsqueda en Google del 7.62 arroja imágenes de un cartucho largo usado en ametralladoras y fusiles militares.
La historia de estos estudiantes, tristemente, no es excepcional en México. Llevamos años conociendo casos de uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza letal en el contexto de los operativos militares (antes era en la guerra contra las drogas, ahora, en contra del robo de combustible). Muchos estudios que se han realizado en México muestran que el abuso de la fuerza letal por parte de las instituciones de seguridad es un problema extendido, especialmente desde 2006 cuando ocurrieron los primeros operativos conjuntos durante el gobierno de Felipe Calderón en los que participaron importantes números de militares. Tampoco es noticia la impunidad en estos casos: rara vez se investigan y frecuentemente se intentan esconder como uso legítimo de la fuerza en contra de “presuntos delincuentes” o bien como casos aislados y excepcionales. Se “repelió la agresión”, suelen decir los comunicados oficiales, sin dar mayores detalles.
Los datos sobre uso de la fuerza letal en México muestran que el despliegue militar trae consigo un inevitable uso desproporcionado de la fuerza letal. Si bien cada muerte es responsabilidad de la persona que dispara, también lo es de las autoridades que ordenan a militares armados -entrenados para matar pero no para prevenir o disuadir el delito- a patrullar las calles en lugar de los policías civiles. Una y otra vez, se ha mostrado que militarizar la seguridad pública es una estrategia que no solo no funciona para reducir la violencia, sino que además pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a los miembros de las fuerzas armadas.
Quienes hoy proponen reformar la Constitución para perpetuar esta estrategia de seguridad militarizada serán también corresponsables de cada muerte de ciudadanos en manos de militares que suceda en el país. Ojalá la muerte de Ángel les haga anteponer su responsabilidad con las personas que representan y que nuestros diputados y senadores legislen para garantizar que no habrá más impunidad, no para hacer permanente la guerra que vivimos.
@cataperezcorrea