Después de una larga espera, el día ha llegado: el 1 de Julio entrará en vigor el T-MEC, el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y lo hará en un contexto histórico, en medio de la peor crisis sanitaria que los tres países han vivido en los últimos cien años y que ya está teniendo consecuencias en todas las estructuras sociales y económicas del mundo.
La industria automotriz será uno de los principales sectores afectados por la puesta en marcha del tratado comercial. Los cambios más importantes están reflejados en las reglas de origen y contenido laboral de los automóviles ensamblados en la región. Bajo el tratado anterior, era necesario que 62.5% del valor del contenido de un auto proviniese de Norteamérica para poder circular entre los tres países sin ningún tipo de arancel. Con el nuevo T-MEC, este porcentaje se ha elevado hasta 75% del costo neto e incluye una nueva clasificación de partes: núcleo, principales y complementarias.
El T-MEC exige también que al menos 70% del acero y aluminio utilizado en la fabricación de los coches provengan de la región, lo cual exigirá muchos cambios para las cadenas de suministro de la industria. Quizá el cambio más controversial en el T-MEC ha sido el de exigir que al menos 40% del contenido de mano de obra directa, en el caso de vehículos ligeros, se realice en sitios que involucren el pago de una base salarial de al menos 16 dólares por hora. Esta provisión se eleva a 45% en el caso de vehículos comerciales.
Las nuevas medidas buscan hacer que se mueva más producción hacia Estados Unidos y, por consiguiente, se creen nuevos empleos. Un estudio de 2019 del Center for Automotive Research indicaba que, de alrededor de 27 modelos fabricados en México y Canadá, 24 no estarían en condiciones de cumplir con la nueva normatividad. Lo cierto es que tanto fabricantes como proveedores han tenido ya más de un año para irse ajustando a las nuevas reglas y la transición será gradual, por lo que todavía hay margen de maniobra para reconfigurar las cadenas.
Sin embargo, muchos se cuestionan si esta nueva normatividad, en muchos rubros más estricta, podría traer como consecuencia un aumento en los costos de los vehículos, y es muy probable que así suceda. Para empezar, son ya muchas las voces en la industria que advierten sobre el aumento en la carga administrativa que representará cumplir con la nueva normatividad y la emisión de certificados anuales de cumplimiento.
Es previsible también que surjan nuevos proveedores locales en la región, lo cual posiblemente atraiga inversión y genere empleos, pero también ocasionará costos adicionales para certificar los procesos de estos proveedores en tiempo y forma. No se descartaría que, en algunos casos, sea preferible pagar un arancel mientras se encuentra la forma de optimizar el funcionamiento de la cadena de aprovisionamiento.
Lo más importante es que el T-MEC llegará en momentos críticos de la pandemia por el Covid-19, donde prácticamente todas las empresas estarán operando aún con volúmenes bajos, mientras encuentran la mejor forma de producir partes y vehículos de manera rentable y sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores. Más aún, esto sucederá en un entorno de alta incertidumbre con respecto a la demanda de vehículos, y en economías, sobre todo la mexicana y estadounidense, claramente afectadas por la pandemia.
El T-MEC supone todo un reto que requerirá de ajustes en la cadena, con impactos previsibles en costos. La pandemia agregará un elemento más de complejidad. La experiencia nos dice que sólo las empresas con mayor capacidad de adaptación y flexibilidad podrán hacer frente a ambos retos.
