El juez Stephen Breyer, uno de los nueve integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, se jubiló a los 83 años el pasado 30 de junio. En su lugar llegó la jueza Ketanji Brown Jackson quien será la primera mujer afroamericana en llegar al máximo tribunal de ese país.
A lo largo de su carrera, las decisiones de Breyer fueron de corte liberal; los casos relacionados con el aborto, por ejemplo, muestran su punto de vista: “Entendemos la naturaleza controvertida del problema, millones de estadounidenses creen que la vida comienza en la concepción y, en consecuencia, que un aborto es como causar la muerte de un niño inocente… Otros millones temen que una ley que prohíba el aborto condene a muchas mujeres estadounidenses a vidas que carecen de dignidad, privándolas de la misma libertad y llevando a aquellas con menos recursos a someterse a abortos ilegales con los consiguientes riesgos de muerte y sufrimiento”. Ante tal disyuntiva, el juez de constitucionalidad optó siempre por anular las leyes que prohibían el aborto.
Consolidar una filosofía o construir una línea de pensamiento para los jueces debe ser una tarea muy difícil, máxime que son miles los casos que resuelven durante su carrera judicial. De ahí que muchas de las sentencias que dictan no guardan congruencia, o incluso se advierte contradicción entre casos de la misma naturaleza.
En el caso de Breyer me parece que su visión judicial es su mejor legado. En su libro intitulado ¿Como hacer funcionar nuestra democracia?, explica que los creadores de la Constitución quisieron instaurar una democracia que protegiera la libertad e identificaron la necesidad de una institución que vigilara los límites creados por la constitución. Alexander Hamilton consideró que los tribunales eran los que mejor podían ejercer esa atribución, no porque los jueces tomaran las decisiones más sabias, sino porque era más peligroso alojar esa facultad en el Presidente, quien nunca reconocería sus propios excesos, o en el Congreso, porque siempre actuaría políticamente inducido por la popularidad en lugar de la racionalidad.
En la práctica, ¿cuánta deferencia debe conceder la Corte a las políticas de una agencia del Poder Ejecutivo o a su determinación sobre el significado de una ley? El juez Breyer se lo preguntó en diversas ocasiones antes de dictar una sentencia, pues tenía la facultad de anular cualquier acto de las autoridades administrativas por considerar que las normas en que se fundaban eran inconstitucionales; o hasta dónde una regulación debía ser elaborada por la autoridad que la ejecuta o, bien, si correspondía al Congreso su legislación.
¿Cuáles son los límites entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Breyer sostiene que es válido cuestionar a quienes hacen una normatividad sin haber sido elegidos democráticamente, pero destaca que su poder no es ilimitado. El Congreso supervisa la toma de decisiones del Poder Ejecutivo a través de las comparecencias de los funcionarios involucrados; también resuelve respecto a su presupuesto y, por último, tiene el poder de legislar su actividad. Además, el Poder Ejecutivo cuenta con una serie de recursos para controlar los actos de sus agencias, por ejemplo se vale de las comisiones de derechos humanos y contralorías para detectar conductas inapropiadas.
Por tanto, corresponde a los tribunales valorar si los actos de las autoridades administrativas son razonables, no arbitrarias, caprichosas, o si constituyen abuso de poder, si se ajustan a principios básicos de justicia y son consistentes con las normas constitucionales. Cumplidos esos parámetros, su conclusión es que los jueces deben ser deferentes con las áreas técnicas del Poder Ejecutivo y validar sus determinaciones.
La sustitución de un juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos es un acontecimiento que permite reflexionar la importancia del papel que desempeñan los jueces en la vida de un Estado democrático de derecho.
Académico de la UNAM