El gobierno federal puso ayer en operación una página de internet para registrar a los adultos mayores que quieran ponerse la vacuna contra el Covid-19.
El arranque no fue muy auspicioso, por decirlo de algún modo. A minutos de anunciarse su existencia, el sistema se colapsó bajo la presión de una enorme (aunque previsible) demanda. Solo con paciencia de Job se podía acceder a la página y los que lograban llegar hasta el llenado de la CURP se topaban con infinidad de desperfectos: no se desplegaba el menú con los datos de la persona, el sistema no reconocía la CURP, la página se caía en el último paso, etc.
En lo personal, me tomó más de tres horas y unos veinte intentos lograr registrar a mi madre. Fui de los afortunados: muchos conocidos estuvieron duro y dale todo el día sin lograr culminar el proceso.
Lo interesante es que el fallido sistema ni siquiera permite que los adultos mayores obtengan una cita para vacunarse. Al final del tortuoso camino, la persona registrada se queda con un número de folio y la promesa de que alguien en algún momento le llamará para concertar una cita para ser vacunado en un lugar no especificado y una fecha por definir.
No hay que ser un genio de la logística para imaginar varios métodos más sencillos. Uno parece dolorosamente obvio: usar el mismo sistema para que los ciudadanos obtengan una cita, haciendo innecesaria la llamada posterior.
Incluso, se podría evitar el proceso de cita si se multiplicaran los centros de vacunación, incluyendo tal vez el uso de cadenas de farmacias o laboratorios de diagnóstico, y se organizaran los turnos de los adultos mayores por, digamos, inicial del apellido o mes de nacimiento.
Alguna alternativa de esa naturaleza le haría la vida más fácil a los usuario s y probablemente aceleraría el proceso de vacunación, algo que, a todas luces, produciría beneficios generales. Pero tendría un costo: le quitaría control y poder a la burocracia específica que gestiona el trámite o administra el beneficio.
Este caso involucra a la Secretaría de Salud, pero ciertamente no es el único ejemplo donde los incentivos de un aparato burocrático se acaban oponiendo al interés general. Consideren, por ejemplo, el caso de las denuncias de actos delictivos. Lo deseable desde la perspectiva de la sociedad es que la cifra negra (los delitos no denunciados) fuese pequeña. Por muchas razones: para reducir la impunidad, para mejorar la capacidad de inteligencia policial, para prevenir más crímenes, etc. Dado lo anterior, la denuncia de un delito debería de ser un proceso sencillo y rápido, que requiriese minutos y no horas.
Eso no es lo que sucede en México. En la mayor parte del país y la mayor parte de los delitos, una denuncia es un calvario: requiere horas de maltrato y vejaciones en una agencia del Ministerio Público. Y no contento con eso, el sistema obliga a las víctimas a regresar días después para ratificar la denuncia.
¿Se puede hacer de otro modo? Por supuesto. De hecho, en muchos municipios (Querétaro, por ejemplo), las denuncias de muchos delitos se hacen con la policía y toman minutos, no horas.
¿Y por qué no se extiende el modelo? Porque eso le significaría a las fiscalías perder el control sobre la denuncia y, a la larga, sobre la investigación criminal, con todo el poder político que eso trae aparejado.
Dicho lo anterior, hay algunos temas donde un control burocrático férreo se justifica. Nadie quiere que sea fácil y cómodo conseguir material radioactivo, por ejemplo. Pero en un asunto como las vacunas, donde la rapidez se impone frente a cualquier otra consideración, poner barreras al acceso por mantener la ilusión de control es imperdonable.
alejandrohope@outlook.com
Twitter:@ahope71