Reitero lo dicho en mi columna del lunes: no creo que el presidente López Obrador tenga algún tipo de relación de complicidad con el crimen organizado. Y no, no supongo que su gobierno tenga una política explícita y deliberada de tolerar a grupos o actividades ilícitas.

Creo, sin embargo, que el presidente ha buscado deliberadamente crear suspicacias sobre el particular. No peca de ingenuidad ni ignora el peso de sus palabras. Sabe lo que significa admitir la responsabilidad directa por la liberación de Ovidio Guzmán y tan lo sabe que inicialmente trató de transferir el peso de la decisión a su gabinete. Sabe lo que implica saludar públicamente a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán en Badiraguato. Sabe cómo se lee y cómo se interpreta la justificación de la presencia de un retén con civiles armados en Sinaloa el día mismo de una visita presidencial.

Todo esto, es de suponerse, forma parte de alguna apuesta política del presidente. No entiendo bien a bien lo que se persigue con esto, pero estoy convencido de que no son meras pifias ni actos irracionales. Hay una lógica detrás de esto, aunque no la entendamos del todo.

Y en esa lógica, espero que el presidente haya medido bien las consecuencias de esta serie de guiños a actores criminales. Discutí dos de ellas el lunes pasado: 1) el rechazo público: todas las encuestas disponibles indican una amplia oposición a esta serie de gestos conciliadores; y, 2) ¿qué pasa si los grupos criminales se toman en serio eso de “abrazos, no balazos” y empiezan a soltar plomo con la expectativa de que no habrá respuesta de parte de las fuerzas federales? Peor aún, ¿qué sucede si los rivales del Cártel de Sinaloa perciben, por las declaraciones presidenciales que hay algún tipo de arreglo del gobierno federal con esa banda criminal y que, en consecuencia, los funcionarios de alto nivel son blancos potenciales?

Pero hay una tercera consecuencia a considerar: ¿qué pasa si Estados Unidos ―o algunos de sus políticos o algunas de sus agencias― se empiezan a tomar en serio las palabras y los gestos del presidente López Obrador? ¿Qué pasa si empiezan a sospechar que hay algo más que cálculo político o simplemente actúan como si lo sospecharan?

Ya empezamos a ver algunas señales de ese fenómeno, a la par de la controversia por la negativa del presidente de asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Marco Rubio, senador republicano por el estado de Florida, afirmó en un tuit que “me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EU esta semana.”

Algunos tal vez desestimen las declaraciones del senador Rubio, asumiendo que se trata de un simple representante de la extrema derecha. Eso sería un error: Rubio no solo es miembro del muy poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sino que copreside el Comité Selecto sobre Inteligencia. Esa es la instancia legislativa que supervisa a las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y controla su presupuesto.

Si el senador Marco Rubio tiene esas preocupaciones (con o sin razón) sobre las relaciones del gobierno de México con grupos criminales, es de suponer que el tema va a estar (o ya está) en la agenda de las agencias estadounidenses.

Me parece que no es algo que el gobierno de México quiera que esté en las tuberías de la comunidad de inteligencia de EU, por fluida que sea la relación a nivel diplomático. En ese mundo, la memoria es larga y la lealtad es corta.

Espero que así lo lea el presidente y haga el control de daños necesario.

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