Esta mañana, en un inusual acto, el presidente López Obrador anunció que la sucesora de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será Rosa Icela Rodríguez, hasta hoy Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo señalado por el presidente, la designación parece haber tomado por sorpresa a la designada. Y no solo a ella: su nombre nunca había aparecido en lo mucho escrito y comentado en estas semanas sobre el relevo en la SSPC.

A bote pronto, no parece un mal nombramiento:

1. Es civil, no militar. Con esto, se conjura la posibilidad (debilitada desde la detención del General Cienfuegos) de que el presidente diera el tiro de gracia al control civil sobre la seguridad pública.

2. Es mujer. Probablemente sea más sensible que su predecesor en un tema crucial de la agenda pública: la violencia de género.

3. Tiene experiencia en el sector. Fue coordinadora del gabinete de seguridad en el gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2009. Eso implica que su curva de aprendizaje probablemente no será tan larga.

4. Es cercana al presidente de la República. Eso tal vez le otorgue más influencia que la que jamás tuvo Durazo.

Dicho lo anterior, esto no cambia las líneas básicas de la política de seguridad ni le otorga relevancia a la SSPC. El presidente López Obrador ya optó por vía militar, ya otorgó el control operativo de la Guardia Nacional a la SEDENA, ya determinó que todas las decisiones importantes se tomen en Lomas de Sotelo y no en Constituyentes.

La irrelevancia de la secretaría la reveló el propio presidente: en el anuncio de esta mañana, la llamó Secretaría de Seguridad Pública. Ni él se acuerda del nombre correcto de la dependencia que se creó al inicio de su gobierno. Y no se acuerda porque probablemente no le importa.

En resumen, no es un mal nombramiento, pero no altera nada importante.

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