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Violencia contra niñas y adolescentes

Alejandro Encinas

La salud mental de la niñez es fundamental para un sano desarrollo social, lo que obliga a dejar de encubrir violencias como asuntos de la vida privada

El confinamiento obligado por la pandemia ha afectado sensiblemente la vida de las niñas, niños y adolescentes, quienes han enfrentado, además de las afectaciones a su vida cotidiana y a sus relaciones de convivencia, situaciones de violencia tanto en su hogar, como en espacios públicos, que vulneran sus derechos y generan secuelas que impactan su desarrollo, minan su autoestima y ocasionan trastornos emocionales y de conducta.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 5 años (oct. 2015 a oct. 2020), alrededor de 40 mil mujeres entre 0 y 17 años, han sufrido algún tipo de violencia: lesiones, delitos sexuales, trata, secuestro, tráfico de menores.

Lo que coincide con el último reporte de violencia contra las mujeres e incidencia delictiva, donde se observa que del total víctimas mujeres (89,913) 58.8% son lesiones dolosas, a las que le siguen las lesiones culposas que son 14.7% y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres 3.3%, homicidio culposo 3.1%, homicidio doloso 2.8%, el resto son secuestro, tráfico de menores, corrupción de menores, feminicidios, rapto, extorsión, entre otros.

La escalada de violencia que ha vivido el país desde 2006, se ha reflejado además en un aumento en la cifra de mujeres víctimas de homicidios y feminicidios, las que pasaron de 2 mil 146 en 2015, a 3 mil 646 en 2018. Y si bien en 2019 este crecimiento se desaceleró, ese año fueron en total 3 mil 809 muertes violentas de mujeres, y en 2020: las cifras hasta noviembre fueron menores, con 3,427 mujeres; un problema grave vigente.

Como han demostrado diversos estudios, las violencias contra las mujeres son multicausales y se presentan en todos los ámbitos de la vida (en la familia, la escuela, el trabajo) desde la infancia y a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la Endireh 2016, se señala que 66% de las mujeres de 15 años y más, de las mujeres encuestadas sufrieron algún incidente de violencia. De éstos 49% fue violencia emocional; 29% económica, patrimonial o discriminación en el ámbito laboral; 34%, violencia física; 41.3%, violencia sexual, y 38.7%, violencia comunitaria.

Violencias que van marcando el desarrollo diferenciado entre niñas y niños, que se agudizan en contextos de conflictividad social o de crisis, como la epidemia que enfrentamos.

Este comportamiento diferenciado por género se observa en dos temas de atención prioritaria: homicidios y desaparición o no localización de niñas, niños y adolescentes. En homicidios se observa que, de los 3 mil 108 homicidios cometidos contra menores entre enero de 2018 a octubre de 2020, el 82.3% es de niños y 17.7% de niñas. En materia de desaparición, entre el 1º de enero de 2018 y el 30 de noviembre del 2020, las desapariciones de menores hasta los 11 años de edad impactaron en 50.6% a niños y en 49.4% a niñas, situación que cambia en el rango entre 12 y 17 años de edad, donde la mayor afectación a niñas con 59.6% y 40.4% de los niños.

Es importante resaltar que estas violencias son las expresiones más agudas de la violencia estructural, que tiene múltiples expresiones, las cuales ponen en posiciones de alta vulnerabilidad a niñas, niños y mujeres.

En este contexto, las relaciones familiares han tomado una centralidad para la salud pública al quedarnos en casa, lo cual puede agudizar violencias al interior de las familias debido al estrés psicosocial y económico al que se enfrentan. Como lo demuestra la Consulta OpiNNA a niños, niñas y adolescentes que realizó SIPINNA, la salud mental y afectiva de las y los niños es fundamental para un sano desarrollo de la sociedad, lo que obliga a dejar atrás las visiones conservadores que pretenden encubrir estas violencias como asuntos de la vida privada y a asumir que las violencias que se viven en el hogar son un asunto público que exige la intervención enérgica del Estado para su erradicación.

Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración
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